Uvalde indemnizará a las familias de los niños asesinados en la escuela y remodelará la policía

En la trágica historia de los tiroteos escolares en Estados Unidos el que sucedió el 24 de mayo de 2022 en Uvalde (Tejas) ocupa un lugar especialmente infame. Más de 370 agentes locales, estatales y federales respondieron al incidente en la Escuela Elemental Robb, pero tardaron más de 70 minutos en confrontar al asaltante, un adolescente que dejó 19 niños y dos profesores muertos. Este miércoles, la mayoría de las familias de los menores han dado un paso hacia la justicia.

Según se ha anunciado en una rueda de prensa, las familias de 17 de los niños fallecidos y de dos de los heridos han llegado a un acuerdo con la ciudad por el recibirán dos millones de dólares. Aunque la cantidad es muy baja comparada a otras compensaciones que suelen ofrecerse en casos con responsabilidad de las autoridades en muertes, los abogados de las familias han explicado que estas no querían llevar a la bancarrota al municipio que sigue siendo su comunidad.

El acuerdo, además, no solo tiene un componente económico. Uvalde se compromete a una remodelación de la policía local por la que se contratará a agentes cualificados, se impondrán estándares más altos y se mejorará la formación y el entrenamiento, incluyendo en el manejo de tiroteos activos.

Asimismo, se reforzará la conmemoración de la tragedia, se establecerá un memorial permanente, se darán servicios de salud mental a supervivientes y familias de víctimas, se construirá un centro comunitario y se mejorará el mantenimiento del cementerio.

Demanda

Fuera del acuerdo con la ciudad, las familias han anunciado también que llevarán a los tribunales a casi 100 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Tejas que participaron en la operación. Según uno de los abogados de las familias, los agentes no cumplieron su responsabilidad de confrontar al atacante ni siguieron la formación en tiroteos activos. En el interior de la escuela, no obstante, alumnos y profesores sí siguieron esos protocolos, que según el letrado “atrapan a profesores y estudiantes dentro, lo que les deja completamente dependientes de que las fuerzas del orden respondan rápida y efectivamente”, algo que no sucedió aquel día.

La demanda nombra también a Pete Arredondo, que en el momento del tiroteo era el jefe de policía de las escuelas públicas y que fue despedido unos meses después de la matanza, y a la entonces directora del centro escolar, Mandy Gutierrez.

Se trata de la primera demanda que llega tras la publicación en en enero de un informe de 600 páginas del Departamento de Justicia que catalogó los “fallos en cascada” en formación, comunicación, liderazgo y tecnología aquel fatídico día.

Hay, no obstante, otras demandas que se habían presentado con anterioridad a ese análisis. Una demanda colectiva contra la ciudad, policía local y estatal y otras fuerzas del orden busca 27.000 millones de dólares. Y hay por lo menos dos demandas contra Daniel Defense, la empresa fabricante de armas que produce el rifle estilo AR que usó el asaltante.