Sindicatos y patronal piden aparcar la declaración en pos del diálogo

Un grupo de entidades catalanas encabezadas por el Colegio de Abogados de Barcelona han constituido una comisión independiente para impulsar el diálogo y la mediación entre los gobiernos de Cataluña y España para encontrar una salida «pactada» a la actual situación política. De entrada, piden que las dos partes renuncien a algunos de sus postulados. Por una parte, exigen la retirada de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional desplegados a raíz del 1-O y, por otra, reclaman que se excluya cualquier solución «unilateral» que no tenga amplio consenso democrático, en referencia a la declaración unilateral de independencia.

En esta comisión participan también los sindicatos UGT y CCOO, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, la patronal Pimec y la Cámara de Comercio de Barcelona, entre otras. Todas estas entidades de «carácter apolítico» consideran que «impera la necesidad urgente de encuentrar una salida» al conflicto entre la Generalitat y el Estado. El FC Barcelona se adhirió a la propuesta.

La decana del Colegio de Abogados de la capital catalana, Maria Eugènia Gay, aseguró que esta iniciativa está abierta a todas las entidades y organizaciones que claramente apuesten por el diálogo y por una «solución pacífica y consensuada» que permita el «cese del actual clima de tensión y garantice el mantenimiento de un sistema de convivencia y organización política, económica y social basada en la paz, el respeto, la tolerancia y los derechos y libertades de toda la ciudadanía». La decana explicó que se han iniciado contactos con los dos Gobiernos y con los grupos políticos, entre ellos la CUP. Fuentes del Colegio de Abogados aseguraron que dirigentes de la formación anticapitalistas están predispuestos a aceptar la mediación.

El objetivo es ofrecer «puentes de diálogo y entendimiento» que hagan posible conseguir una solución a la situación de Cataluña, que se estructura desde siempre «en una sociedad civil plural, reivindicativa y pacífica», en la que diversas instituciones, entidades y colectivos «han tenido y tienen una presencia vertebradora de su personalidad», insistió Gay.

Los impulsores de esta iniciativa instaron a los Ejecutivos de Cataluña y España, así como a todos los grupos parlamentarios del Parlamento catalán y el Congreso, a que acepten una mediación o conciliación que «restablezca el funcionamiento ordinario de las instituciones de autogobierno» de la comunidad, «descartando todas las partes» cualquier decisión inmediata sobre el «modelo político organizativo».