Joaquin Betoret lleva media vida entre fogones. Y por primera vez en cinco años puede dormir tranquilo. Junto a sus padres, Joaquín y Lolita, gestiona el mítico restaurante Piero, en la carretera N-340 a la altura de Torreblanca, y tras mucho tiempo aguantando el tipo, ahora el local empieza a parecerse a lo que un día fue (imagen inferior). «Hace unos años, cuando prohibieron el paso de camiones por la 340 y todos los transportistas se desviaron por la CV-10 el negocio cayó en redondo. Ahora lo volvemos a recuperar, ya que muchos conductores que ahora van por la autopista salen por el acceso de Torreblanca y vienen aquí a descansar y a comer. Este establecimiento vuelve a ser el Piero de siempre», cuenta. A Betoret los números le vuelven a salir, como también les sucede al restaurante Tere o al Olímpic, en la misma localidad. Y todo gracias a la autopista. O mejor dicho, al fin de los peajes de la AP-7, el vial que cruza Castellón de norte a sur. Una decisión de la que ahora se cumple un mes y medio, y que en tiempo récord ha cambiado la forma de circular por la provincia, pero también ha transformado la vida y los negocios de decenas de personas. Para bien y también para mal. Hay de todo.
Restaurantes como el Piero, a unos cinco kilómetros del acceso de Torreblanca a la autopista, empiezan a beneficiarse de la primera consecuencia del fin del peaje: el incremento del tráfico en la AP-7. Desde que se liberalizó, el pasado 1 de enero, este vial soporta a su paso por Castellón una intensidad media diaria de 24.273 vehículos, un 36% más que en el mismo periodo del 2019, cuando era de pago. Y aunque el subidón se nota mucho más en el tramo que discurre entre València y Alicante, la realidad es que en la autopista hay más camiones que nunca.
Gerardo Sánchez es uno de los transportistas que ha cambiado la CV-10 por la AP-7. «Todas las semanas hago el trayecto Barcelona-Granada. Antes iba por la autovía del interior, pero desde que es gratis uso la autopista. Y somos tantos los que la utilizamos que todas las áreas de servicio están copalsadas. Por la noche no sabemos ni donde aparcar», cuenta a Mediterráneo minutos antes de subirse de nuevo al tráiler, en el área de servicio de la Plana.
Los restaurantes de las tres áreas de servicio con las que cuenta la AP-7 a su paso por Castellón (Burriana, Ribera de Cabanes y Benicarló) son otros de los grandes beneficiados del fin de los peajes. «El cambio ha sido brutal. Tenemos muchos más clientes, sobre todo transportistas y la empresa está analizando los datos para ver si es necesario una ampliación de plantilla», comentan varios trabajadores.
El bolsillo lo nota
Pese a que le viene de paso, el transportista Diego Martín no soporta ni la comida ni los precios que cobran en las áreas de servicio de la autopista. «Vengo de Barcelona y voy a Murcia pero, en la salida de Torreblanca, prefiero desviarme unos kilómetros y parar a comer en cualquiera de los restaurantes de la 340», explica mientras hace una pausa. Y aunque en teoría, y para incorporarse a la AP- 7 debería retroceder y volver a entrar por Torreblanca, Martín circula unos kilómetros por la 340, hasta Orpesa. «Está prohibido, pero la Guardia Civil de Tráfico entiende que no podemos hacer otra vez el mismo camino y es permisiva», describe.
A quienes también les ha cambiado la vida o, mejor dicho, la economía son a los trabajadores que a diario se desplazan desde Castelló al Baix Maestrat o viceversa. Alejandra es uno de ellos. Trabaja en el Hospital Comarcal de Vinaròs y cada día utiliza la AP-7 desde Castellón Norte a Benicarló. «La liberalización me ha supuesto un ahorro de unos 200 euros al mes, 2.500 euros al año», explica. «Lo que también he notado es un aumento del tráfico, sobre todo, pesado. Por cada camión que circulaba antes ahora hay tres o cuatro, y cuando se producen adelantamientos entre ellos tienes que reducir la velocidad, con lo que el mismo trayecto ahora me cuesta unos cinco minutos más», estima.
El fin de los peajes ha democratizado la AP-7, pero la verdadera prueba de fuego será durante los meses de julio y agosto. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) avisa de un posible colapso en verano, sobre todo en los accesos a las localidades más turísticas. Y todo mientras los tres nuevos accesos previstos en la provincia (Vinaròs, Benicàssim y Vila-real) siguen pendientes. «Benicàssim necesita unos accesos dignos a la autopista desde la 340 y es urgente que se invierta», dice la alcaldesa, Susana Marqués.
Para la economía de familias como la de David Merchán (un joven de Tarragona que se desplaza frecuentemente del Vendrell a València), la liberalización de la AP-7 también ha supuesto una bendición, pero hay otras economías que se van a resentir. Los mayores damnificados van a ser los ayuntamientos de los 15 municipios por los que discurre la autopista, y que desde este año van a dejar de ingresar 2,5 millones de euros en concepto de IBI. Alcalà de Xivert, por ejemplo, tendrá una merma de 380.000 euros, Nules de 100.000 y en Vila-real el descenso rondará los 180.000. Aun así, los alcaldes insisten que la liberalización de la autopista es buena y consideran la caída en la recaudación como un mal menor inevitable.
Pantallas contra el ruido
Lo que no es inevitable son las molestias que genera el incremento del tráfico por la AP-7 en urbanizaciones próximas, como Montornés, Las Palmas y la Parreta, las tres en Benicàssim. Sus vecinos, con el apoyo del Ayuntamiento, proponen la instalación de pantallas acústicas y el uso de microasfaltos cuando se vuelva a pavimentar la carretera, que reducen también el ruido.
Lo contrario les ocurre a quienes viven o trabajan en localidades como Borriol, la Pobla Tornesa o Cabanes. Tranquilidad absoluta. Porque a la misma velocidad que ha aumentado el tráfico en la AP-7 ha disminuido en la CV-10, la autovía que hasta el pasado 1 de enero utilizaban miles de transportistas para cruzar la mitad sur de la provincia. «El cambio ha sido radical y los transportistas que, pese al fin de los peajes, todavía usamos esta carretera somos cada vez menos», reconoce Ricardo Cándido, un camionero que hace su parada obligatoria en el área de servicio 42 Pies, en Cabanes. Un negocio que es, además, uno de los grandes damnificados de la liberalización de la autopista. «Tenemos 140 plazas de párking para traílers y hasta el 1 de enero las teníamos todas las noches llenas. Ahora la situación es muy distinta y, a la par que ha bajado el tráfico de la CV-10, nuestros clientes también lo han hecho», lamenta Emiliano López, responsable-supervisor de 42 Pies. Es la otra cara de la liberalización de la autopista. La cara menos buena.
