La Audiencia Nacional ha atendido las peticiones del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y le ha concedido protección oficial ante las amenazas que el castellonense afirma haber sufrido desde que declaró en sede judicial que su partido se financiaba a través del pago de comisiones de empresarios, a instancias de Francisco Camps.
Así lo aseguran desde la Cadena Ser, que aluden a fuentes judiciales que no pueden «permanecer indiferentes» ante las posibles coacciones a un testigo que está colaborando en la resolución del caso Bárcenas.
Costa, durante su declaración, denunció ante el juez que está recibiendo amenazas telefónicas y, aunque afirmó ignorar su procedencia, sospecha que puedan venir del entorno empresarial. Asimismo, indicó que le están produciendo «una alta preocupación».
Costa declaró que era práctica habitual en el Partido Popular valenciano recibir dinero de empresarios de la Comunitat, de lo que se encargaba directamente el entonces vicepresidente valenciano Víctor Campos, al que vio en numerosas ocasiones con sobres de dinero. Esas cantidades, afirmaron, las remitía después la gestora del partido en Valencia a la sede de Génova para ingresarlas en cantidades no superiores a 3.000 euros y así eludir la ley de financiación de partidos.
TRAMAS
El castellonense ha encontrado la solidaridad del PSPV. Su portavoz en Les Corts, Manuel Mata, instó a la Delegación del Gobierno, a la policía y a Fiscalía a que «garanticen» la colaboración de personas que, como Costa, ayudan a «desenmascarar tramas de delincuentes», tanto en el caso de la financiación del PP «como en cualquier otro».
