La gestión del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón registró diversas anomalías contables y de contratación, según se desprende de la auditoría correspondiente al ejercicio del 2015, publicada en la web de la Conselleria de Hacienda y reflejada en un comunicado de la sección sindical de CCOO del ente. Asimismo, “se mantienen 37.841.603,52 euros de deuda con el FLA, de facturas de varios proveedores, aún pendientes de pago”.
Los análisis firmados por Iberaudit Kreston y la Intervención General de la Generalitat revelan hasta “120 contratos temporales de personal sin la preceptiva autorización previa de la Conselleria de Hacienda y sin convocatoria pública”. Tampoco se han abonado productividades al personal del hospital castellonense y, por “un error de cáculo en el despido” del anterior director gerente, Rafael Arce, se le adeudarían “más de 10.000 euros (10.170,90 euros)”. Todo ello por no contemplar el preaviso de 15 días de fin de contrato de alta dirección.
RETRASO EN El 77% DE PAGOS // El informe, encargado por la actual Generalitat dentro del Plan Anual de Auditorías del sector público, recoge otras irregularidades como el incumplimiento del pliego de condiciones de la concesión del servicio de cafetería, fraccionamientos indebidos en abonos y un retraso del pago a 30 días en el 77,68 % del total.
Los especialistas detectan que “no se realiza una planificación adecuada de necesidades ni registro ni tramitación de contratos menores; sino que los trabajos facturados por 8.843.422,9 euros se han adjudicado sin atenerse al procedimiento establecido”.
En cuanto a dicho servicio de cafetería, el contrato establece una prórroga de hasta 10 años, otro “quebrantamiento”, puesto que la ley marca que el servicio es de cuatro años y opción de alargarlo a una duración máxima de hasta seis anualidades.
Según los auditores, asimismo, “el Consorcio tiene como práctica habitual no incluir en el expediente las facturas ni los pagos que estos conllevan”. Además, según recogen y suscribe el sindicato, el Consorcio “no cumple con el principio de publicidad establecido en la Ley 10/2010; ni tampoco difunde la información requerida en la ley de la Transparencia a través del portal”.
Desde la Diputación de Castellón no entraron ayer a valorar los hechos, dado que no conocen ni han recibido la documentación ni la auditoría. Y por parte de la Conselleria de Sanidad, tampoco hubo reacciones al respecto ni se confirmó si en breve tendrá lugar alguna reunión del ente hospitalario a fin de abordar las irregularidades que refleja el documento, fechado al final de junio. H
