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Vienen curvas en un otoño en el que la Generalitat debe tomar decisiones contundentes ante una economía que cae en picado y a la que se suma la disminución de ingresos. Apretarse el cinturón en un gobierno con tres patas que quieren ganar visibilidad y marcar perfil propio puede conllevar grandes riesgos y hacer saltar las chispas. La vuelta del verano va a estar marcada por la fórmula que utilizará Ximo Puig para capear el temporal y afrontar los poco halagüeños datos del paro, el turismo como problema estructural y la creciente crisis social. El discurso, hasta ahora, se ha basado en reiterar la necesidad de reforzar los servicios públicos, pero sin especificar hasta dónde llegará la subida de los impuestos, dónde meterá la tijera y a quién dejará fuera.

Las conselleries de Bienestar Social, Vivienda, Educación o Sanidad están apretando las tuercas para aumentar sus recursos pese a que la Generalitat no tiene margen de maniobra con una deuda que no ha dejado de crecer.

Es ahora cuando el Botànic tiene por delante un camino lleno de minas y se enfrenta, por tanto, a su verdadera prueba de fuego. Una vez transcurrida la temporada estival y abordadas las medidas concretas ante los brotes del coronavirus que se prevén durante este mes, el Botànic comenzará una etapa llena de desafíos enmarcados en una crisis sin precedentes. Además de la reconstrucción económica, sanitaria y social, la agenda política estará marcada por la estabilidad del pacto, el acercamiento de Ciudadanos al PSOE, la elaboración de los presupuestos autonómicos, el nuevo modelo de financiación por parte del Gobierno central, el debate de política general y los fondos europeos.

RECONSTRUCCIÓN

El pleno de Les Corts dio el visto bueno, con una inmensa mayoría, a las conclusiones de la comisión para la reconstrucción. El documento elaborado tras escuchar a 40 comparecientes tiene seis ejes preferentes de acción: reforzar los servicios públicos y aumentar la inversión en la sanidad pública, reactivar la economía, reclamar una financiación autonómica justa, nuevos impuestos, luchar contra el fraude fiscal y reformar el modelo productivo. Al apoyo inicial de PSPV, Compromís y Unides Podem se unieron finalmente el PP y Ciudadanos. 89 de los 99 representantes de la cámara autonómica.

ESTABILIDAD DEL BOTÀNIC

PSPV, Compromís y Podemos han acordado actualizar el pacto del Botànic para facilitar la reconstrucción social y económica tras el impacto causado por esta pandemia. La idea es avanzar en la optimización del trabajo de los grupos en Les Corts y engrasar la unidad de acción a todos los niveles, desde las bases hasta los cargos institucionales. Pese a los desencuentros entre el PSOE y Compromís que han provocado las últimas decisiones con motivo de las restricciones en pubs y discotecas, los grupos exhibieron unidad tras la reunión para revisar el pacto.

Aseguran los tres socios que el Botànic está indisolublemente blindado y que así lo evidencia el acuerdo para aceptar las aportaciones de la oposición a la hora de afrontar la reconstrucción. Sin embargo, Compromís y Podemos han elevado la tensión contra el PSOE por sus acercamientos a Ciudadanos . Le han dejado claro que para afrontar la recuperación no se debe mirar hacia la derecha.

ACERCAMIENTO A CIUDADANOS

El pacto de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos en varios municipios de la Comunitat denota la sintonía que mantienen ambos grupos en Les Corts. El PSPV mantiene que el acercamiento de Toni Cantó responde a su voluntad de dialogar con todo el Botànic y no solo con el PSOE.

También defienden los socialistas que al igual que el presidente ha sido capaz de sumar esfuerzos e implicar a los agentes sociales en la desescalada también hará lo propio con las diputaciones, los municipios y la oposición. Los pactos locales abren nuevas vías para mover ficha en un futuro y ahora todas las miradas estratégicas se centran en Pego donde la formación naranja está negociando con los socialistas para formar gobierno. Desde que estalló la pandemia, Inés Arrimadas se ha abierto a acuerdos con la izquierda a nivel estatal, lo que colateralmente ha aportado inestabilidad al gobierno de la Diputación de Alicante, formado por PP y Cs.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

Los grupos del Botànic ya tienen en mente la elaboración del presupuesto autonómico del 2021 en lo que va a ser su año más complicado como consecuencia de esta crisis. El Consell se ha marcado el reto de sacar adelante estas cuentas dando una imagen de estabilidad. Entre los desafíos más urgentes está la sanidad para aligerar el sistema ante el estrés que ha sufrido en los últimos cuatro meses, la educación como mecanismo igualitario y, como tercer eje, el modelo económico a través de un proceso de reindustrialización. Entre las metas prioritarias se incluye la de luchar contra el cambio climático y la economía sumergida.

La Generalitat ya defiende que estos tres han sido los pilares que han marcado su gestión durante el estado de alarma y destaca la contratación de mil personas para ayudar en el rastreo de los nuevos casos positivos por coronavirus y tratar de frenar cualquier posible brote o la construcción de tres hospitales de campaña con capacidad para 1.100 camas en València, Alicante y Castelló para atender una segunda oleada.

En el aspecto educativo, la Comunitat movilizará 207 millones extraordinarios y contratará a 4.374 docentes más para el próximo curso. La Conselleria de Educación liberará unos fondos extraordinarios de 207 millones de euros para los centros públicos y concertados con el fin de afrontar el próximo curso escolar y contratar a 4.374 maestros y profesores más.

UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN Y LAS RELACIONES CON MADRID

Una de las piedras centrales de la legislatura es el nuevo modelo de financiación autonómica, un problema que ha llevado a la Comunitat a arrastrar un déficit crónico y que ahora resulta imprescindible para obtener más recursos y combatir en igualdad de condiciones la crisis. La Generalitat necesita que el Ejecutivo de Pedro Sánchez abra el melón de la financiación cuanto antes porque sigue siendo la peor financiada. Las cantidades por habitante que recibe son doce puntos inferiores a la media de las comunidades autónomas y más de 30 por debajo del territorio mejor financiado. Un lastre difícil de manejar en momentos de bonanza, pero que se puede volver asfixiante ante las dificultades presentes. El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a presentar en noviembre un primer esqueleto de reforma del sistema. Así lo confirmó Pedro Sánchez. Desde la Comunitat las reivindicaciones no cesan y, de hecho, el pleno de Les Corts también aprobó que el Consell inste al Gobierno a presentar una propuesta de reforma urgente del sistema. El acuerdo reclama mecanismos de compensación a la espera de que llegue la nueva financiación.

POLÍTICA GENERAL

El debate de política general tendrá lugar la tercera semana de septiembre para valorar el estado de la Comunitat. El Consell realizará ante Les Corts una declaración de política general, que será seguida de debate y que podrá concluir con la aprobación de resoluciones enmarcadas en la crisis del coronavirus y condicionadas por el reparto de fondos.

FONDOS DE EUROPA

El Consell confía en recibir unos 14.000 millones de euros en un plazo de seis años tras el acuerdo alcanzando en la Unión Europea para poner en marcha un billonario plan de recuperación económica tras la pandemia. En el parlamento autonómico, los grupos han hecho un frente común para exigir que la Comunitat tenga voz en el acuerdo europeo y pueda por lo tanto dar su valoración sobre el reparto del dinero que llegue a España. Ximo Puig afrontó la reciente Conferencia de Presidentes autonómicos con el objetivo de que el Gobierno apueste por unos criterios claros en la distribución. El jefe del Consell pidió que la equidad que España reivindicó ante Europa para el reparto de los fondos por el covid-19 se traslade ahora al ámbito español, y que el plan de reconstrucción genere una mayor convergencia de rentas entre los territorios, por la vía de la modernización. H