La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón, Ali Brancal, admitió que «falta coordinación» en el protocolo que firmaron en octubre del 2015 con la Audiencia Provincial para atender a las personas en riesgo de desahucio. Coordinación, dijo Brancal, sobre todo para que la Oficina de Vivienda Municipal «pueda disponer de cifras, de datos sobre los desahucios, de más información que ahora no nos proporcionan, porque dicen que no pueden. En la Oficina de Vivienda no sabemos las personas que se envían desde los juzgados, por eso habría que comprometernos a coordinarnos mejor para dar soluciones a las personas».

Además, la responsable municipal de Vivienda también especificó que el protocolo se centraba en la colaboración entre la administración municipal y la de justicia, «dejando claro que nosotros no podríamos ofrecer un piso inmediatamente, sino que lo que haríamos sería ofrecer ayudas y servicios sociales para que tuvieran nuestro apoyo mientras encontraban una solución».

«El juzgado pensaba que teníamos un parque de viviendas con casas para todos los desahuciados y eso, ya lo dejamos claro, que no lo teníamos. Tampoco podemos parar ningún desahucio».

Asimismo, Brancal reconoció que «no se han firmado convenios con ningún banco, aunque lo intentamos. Es difícil y lo que nos ofrecían eran viviendas ocupadas», manifestó la concejala. Además, reconoció que en breve se reunirá con los responsables de la Audiencia para hacer un seguimiento del protocolo.

CRÍTICAS DEL PP // Por otra parte, el PP dijo ayer que «el bipartito suma un nuevo fracaso con su política antidesahucios». «La alcaldesa se atrevió a asegurar que el círculo de los desahucios se había cerrado en la ciudad cuando más de 150 familias están a la espera de una casa donde realojarse».