Clara y rotunda. La consellera de Justicia de la Generalitat, Gabriela Bravo, que presentó ayer en Castellón la ley de Mediación de la Comunidad Valenciana, recordó que la capital de la Plana «está obligada a retirar la cruz del parque Ribalta». «El tema está muy buen resuelto por la ley», aseveró la titular autonómica de Justicia. Unas palabras que adquieren su relevancia después del nuevo ataque sufrido por el monumento situado en el Ribalta este jueves con pintadas alusivas a Franco y tras la retirada de una cruz similar en Callosa de Segura (Alicante), a pesar de que horas después la justicia suspendía la decisión municipal con la cruz ya fuera de su ubicación.
«El problema viene determinado por diversos colectivos que se sienten atacados en el ámbito personal, o moral, o no sé como definirlo», resaltó Bravo, porque «la ley, ya no solo la valenciana, sino la estatal, desde el año 2007 ordena a los ayuntamientos que hagan un inventario de edificios, o cualquier adorno arquitectónico que pudiera suponer homenaje o enaltecimiento a actos de los golpistas o bien de la dictadura franquista», concretó.
«DECIDIRÁN LOS TRIBUNALES» // «La ley lo delimita claramente», y, además, «conmina a los ayuntamientos a su retirada», sentenció. Destacó que «eso es lo que están haciendo los ayuntamientos», en referencia directa al de Callosa de Segura, aunque aclaró que «obviamente cualquier ciudadano tiene derecho a acudir a los tribunales si no está de acuerdo con una decisión de los consistorios, y los tribunales decidirán».
Por último, la titular autonómica de Justicia apuntó que «tanto en Callosa de Segura, como también está pasando en Castellón, el tema se está resolviendo y se está cumpliendo la ley, y esperemos que en Castellón no haya tanta polémica».
