Castelló ha experimentado en el último semestre un aumento potencial de descalificación de antiguas viviendas de VPO destinadas al alquiler, que están siendo transferidas desde las entidades financieras a fondos de inversión, provocando un aumento de precios que pone en peligro el alquiler social en la ciudad.

A la concejalía de Vivienda le constan «decenas de casos» donde, mediante la finalización de contrato y la subida de precios de hasta «el 50 o el 60%» se han vaciado «decenas de viviendas» en Castelló. En concreto, advierten desde la concejalía, esta situación se está produciendo en la zona del Raval Universitari, que concentra centenares de viviendas de alquiler VPO que están perdiendo esta condición.

Estas mismas fuentes explican que los bancos, para cumplir los compromisos de ratio de solvencia derivados de los Acuerdos de Basilea, se están desprendiendo de la propiedad de estas viviendas, que están cayendo en manos de los fondos, que provocan a su vez «procesos brutales de expulsión de familias trabajadoras y de rentas bajas». La concejalía contabiliza «al menos ochenta inmuebles vaciados en los últimos 18 meses, concentrados en dos grandes propiedades de fondos de inversión». Mediante este proceso, lamentan, se están vaciando viviendas que hasta el momento tenían unos precios de 250 y 350 euros, no encontrando los inquilinos otras viviendas accesibles a precios similares en Castelló.

Según los datos oficiales, hay en Castelló alrededor de diez mil viviendas en régimen de alquiler. Más de mil pertenecen ya a entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión. Según un estudio de Fotocasa, la provincia de Castellón ha sido la segunda en incremento de precios de alquiler durante el 2019.

Sindicato // Ante este panorama, como desveló Mediterráneo, se está ultimando la constitución del Sindicato de Inquilinos de Castelló, una evolución y adaptación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en cuyo entorno se está gestando esta iniciativa. El Sindicato de Inquilinos ya está presente en otras grandes ciudades de España, y sus objetivos adaptan sus reivindicaciones sobre vivienda a los problemas actuales con los alquileres.

En Castelló se ejecutaron durante el año 2019 unos 700 desahucios. El 70% de ellos corresponden, según informa la concejalía de Vivienda, a impagos de alquiler, un problema creciente no solo en la ciudad, sino en toda España. El problema se agrava porque varias grandes promociones de vivienda realizadas alrededor del 2000, en las zonas Salera y Raval Universitari, están perdiendo la calificación VPO.