La provincia de Castellón cuenta, a 1 de agosto, con 6.684 beneficiarios de la ley de dependencia atendidos, bien a través de un servicio o una prestación, como anunció ayer la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Son 1.541 más que hace apenas un año, cuando, en mayo del 2016, sumaban 5.145; y 2.551 por encima de la cifra que dio la Plataforma en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia de agosto del 2015 (4.133), ya con el Gobierno del Botànic en el Consell.

La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, aseguró ayer que desde el inicio de la legislatura,la Generalitat ha incorporado a 30.425 nuevos dependientes al sistema en la Comunitat, al ritmo de más de 40 personas al día. De esta manera, a 1 de agosto hay 58.219 beneficiarios de prestaciones o servicios. «Hemos llegado a resolver expedientes del 2007», criticó.

En los últimos dos años, el número de solicitudes se ha incrementado a nivel autonómico, hasta alcanzar las 29.622. Solo en el último semestre se han registrado 13.630, dice, una cifra que cuadruplica las recibidas durante el mismo periodo del 2016, y que supone el 46% desde julio del 2015. «Estas cifras revelan que la gente empieza a confiar de nuevo en el sistema», apuntó Oltra, quien espera resolver a lo largo de esta legislatura todos los expedientes que superan el plazo legal de los seis meses de trámite.

MÁS PERSONAL // Oltra defiende, además, que en materia de personal se han reforzado tanto los servicios de dependencia de la Conselleria, con nuevos funcionarios; como los servicios municipales, con un importante incremento presupuestario para la creación de una red profesional que permita a los ayuntamientos asumir la valoración y tramitación de expedientes. Así, según la Conselleria, Castellón ha pasado de 23 a 39 municipios con puntos de valoración y atención a la dependencia financiados vía Consell.

De otro lado, de los 18 valoradores para toda la Comunitat que había con el gobierno del PP, «se pasa a casi 450», según Oltra.

MÁS FINANCIACIÓN // Oltra lamentó que, a pesar de que legalmente el Gobierno central se debería hacer cargo del 50% del coste de la dependencia, realmente solo se hace cargo de entre un 12 y un 14%. «En algunas autonomías, la aportación del Gobierno central alcanza el 30%, pero la media está en el 18%, muy lejos de lo que contempla la legislación».