El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana alertó ayer que más de la mitad de las familias que viven en las 7.500 viviendas públicas de la provincia de Castellón corresponden a hogares en situación de riesgo de padecer pobreza, debido principalmente a la falta de recursos heredada, en gran medida, de la crisis económica. Del total de los inmuebles censados, unos 90 están hoy vacíos y otros 80 urgen obras de rehabilitación, según revela un informe elaborado por la oficina que preside el defensor del pueblo valenciano, José Cholbi, y que fue entregado ayer al presidente de Les Corts, Enric Morera.
Entre las medidas que propone este alto comisionado de la Cámara autonómica, para revertir la situación y para afrontar una eventual contracción del actual ciclo económico se recomienda incrementar la vivienda pública en alquiler en al menos unas 4.000 unidades para la provincia de Castellón, de las más de 20.000 que ve necesarias para la Comunitat Valenciana.
El estudio del Síndic de Greuges analiza la situación de la vivienda pública en la Comunitat de 2005 a 2015, coincidiendo con el estallido de la crisis y los primeros síntomas de la recuperación económica. En el documento, de más de 650 páginas, se pone de manifiesto que el impacto de la crisis en los hogares de la provincia «ha sido enorme», soportando mayores pagos a pesar de ser más pobres. Sin embargo, el análisis sí determina un cambio de tendencia en Castellón a partir del 2014. En esta provincia y al contrario de lo que sucede con Valencia y Alicante, los hogares con bajos recursos y con pagos por la vivienda se han reducido drásticamente a partir de este último año de referencia.
2013, ‘UN AÑO NEGRO’ // El documento, que arranca con datos sacados de la Entidad Valenciana d’Habitatge i Sól (el antiguo Eige), de los ayuntamientos y del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), señala que Castellón se convirtió en un caso especial donde «el impacto de la crisis económica generó una ruptura en su modelo de distribución de la renta». Así, los autores del estudio explican que si bien hasta el 2012 la proporción de hogares pobres en la provincia era inferior a la media autonómica (que oscilaba sobre el 18,5% del total de núcleos familiares), desde ese año hasta el 2013 la tasa se desbocó de manera súbita hasta rebasar el 30%. A partir de entonces, la situación castellonense no ha hecho más que mejorar hasta situarse ya en el promedio del resto del Estado.
El adjunto primero de la Sindicatura de Greuges y coordinador del informe, Ángel Luna, señaló ayer en rueda de prensa que el estudio pone de manifiesto que el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho más severo en la Comunitat Valenciana que en el resto de España, al tiempo que señaló que una de las conclusiones del documento es que el parque actual de vivienda pública es totalmente «insuficiente» para atender la demanda de los colectivos más desfavorecidos.
El ajuste de los salarios, el desempleo y la contracción crediticia han hecho que en Castellón se disparen las preferencias de las familias por los alquileres a raíz de la crisis, lo que supone un cambio de tendencia con respecto a lo que sucedía antes.
EL ‘HOUSING STRESS’ // A esta situación se suma, según el documento presentado ayer por la Sindicatura, la reducción de la oferta de nuevas viviendas a raíz del ajuste en el sector de la construcción, uno de las mayores de todo el Estado, según se explica en el informe del Síndic de Greuges que apunta a Castellón como una de las capitales donde más se dio el housing stress en la década que abarca del 2005 al 2015 (es decir, la dificultad que tienen las familias para afrontar los pagos relacionados con la vivienda).
Este housing stress llegó a rebasar en la provincia el 50% durante los peores años de la crisis, cuando los valores medios en España no llegaban al 30%, «lo que da una idea de la dureza del ajuste y del esfuerzo que han tenido que superar los hogares con rentas medias y bajas para mantener los pagos de sus viviendas durante la recesión», explica el estudio.
