La Diputación de Castellón y la Generalitat acordaron en el día de ayer aplicar nuevas medidas encaminadas a luchar contra la despoblación en el interior, mediante la puesta en marcha de incentivos para el alquiler de viviendas y sumar así el número de habitantes. Una de estas actuaciones consiste en reforzar las ayudas a la rehabilitación de casas actualmente infrautilizadas, con el fin de que posteriormente puedan ofrecerse en el parque público a unos precios asequibles.
El presidente provincial, José Martí, comentó el propósito de «conseguir que los propietarios rehabiliten casas, las pongan en el mercado y activen alquileres en buenas condiciones». Así lo indicó ante el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, quien aludió al objetivo de ampliar para el próximo año los tres millones destinados al plan Renhata de reformas «con una línea para rehabilitaciones en el mundo rural, que incluyan aspectos como la sostenibilidad medioambiental y la accesibilidad».
MUNICIPALISMO / Martí hizo referencia a la necesidad de implicar a los ayuntamientos en este proceso, tanto a la hora de catalogar la oferta disponible «como en la recuperación de viviendas como las que usaban peones camineros o maestros». Martínez Dalmau hizo mención especial a la intención de duplicar el actual número de alquileres sociales en la provincia, para que en el año 2030 pasen de las menos de 5.000 actuales a las 10.000. «También nos permitiría disponer de casas de seguridad que ofrecer en temas de desahucios o de violencia machista», remarcó.
La localidad de Forcall fue uno de los ejemplos expuestos en la comparecencia conjunta, ya que en la actualidad ya cuenta con un parque público de pisos, con vistas a su ampliación.
El representante de la administración autonómica detalló algunas de las medidas de su departamento en Castellón, como las áreas de regeneración urbana de Onda y Morella, la reforma de pisos sociales en la calle Santa Cruz de Tenerife de Castelló, los planes integrales de intervención en Burriana y la Vall d’Uixó, o la licitación del proceso de derribo en el grupo B de Almassora. Inversiones que suman 3,39 millones.
