La Diputación de Castellón dice «no» a la propuesta del conseller de Educación, Vicent Marzà, de que las administraciones provinciales colaboren en el mantenimiento de los centros educativos, un supuesto que creen «extraño».

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, aseguró que el organismo que dirige hará en el 2017 «un importante esfuerzo inversor», puesto que el presupuesto de los Planes de Obras y Servicios (POYS) pasa de siete millones de euros a más de 12. En este sentido, dejó la puerta abierta a que los consistorios sí puedan utilizar los fondos para la gestión de las escuelas.

Moliner instó a la Generalitat a «dedicarse a gestionar su presupuesto para ofrecer a la provincia de Castellón lo que le toca en materia de inversiones», y rechazó que puedan destinar un presupuesto similar a los 75 millones de euros que la Diputación de Valencia se comprometió a destinar para la conservación los colegios públicos.

También el vicepresidente primero de la institución, Vicent Sales, rechazó la «extraña» idea de Marzà, puesto que «las competencias en materia educativa son autonómicas y municipales». «Si nos dedicamos a financiar aquellos aspectos que dependen de otros, significa que tendremos que dejar de lado otros en los que la responsabilidad sí es nuestra», argumentó Sales.

También la Diputación de Alicante, presidida por el popular César Sánchez, descartó colaborar en una propuesta que solo ha encontrado simpatías en Valencia. H