Las diputaciones de Castellón y Alicante, junto al Gobierno central, reiteraron ayer la oferta de diálogo al Consell, frente a la continuidad de la batalla judicial, siempre que “retire los decretos de coordinación de políticas de Turismo y Deportes”. Por ello, el dirigente provincial castellonense, Javier Moliner; su homólogo alicantino, César Sánchez; y el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, reunidos ayer en Alicante, insistieron en que el president Ximo Puig, “suspenda esas medidas mientras los tribunales adoptan la resolución definitiva”.

SIN PASAR POR CORTS // Moliner se ofreció a “seguir trabajando con la Generalitat en coordinación, lo que nunca ha dejado de existir, sin imposiciones”. Y matizó que “habría que preguntar al Consell por qué en lugar de usar la fórmula del reglamento o del decreto-ley, que requiere un trámite parlamentario en Les Corts, más participativo, ha optado por el decreto, obviando la posibilidad de que las instituciones afectadas aportaran sus opiniones en el trámite de audiencia”.

Por su parte, el ministro explicó que “se ha dado instrucciones al Ministerio de Hacienda para que estudie la posibilidad y conveniencia de establecer un recurso de inconstitucionalidad en el supuesto de que se estimase que los recursos de las dos diputaciones y el que ha planteado el Gobierno (registrado el pasado viernes) --los tres, ante el TSJCV-- no fuesen suficientes”. Margallo matizó además que “los recursos no son electoralistas, son oportunos o no y el recurso o se presenta en un plazo determinado o simplemente carece de sentido”.

EVITAR BRECHAS // Tanto Moliner como Sánchez insistieron en que “hay que ser responsables, evitar las brechas entre provincias y luchar incansablemente por conseguir el consenso”, al tiempo que defendieron las singularidades de cada territorio y “la necesidad de plantear estrategias que se alejen del centralismo que quieren imponer desde Valencia”. Alicante y Castellón ven positivo que el TSJCV haya admitido a trámite sus recursos y “haya emplazado a la Generalitat a alegar para evitar la suspensión cautelar”. H