Las comisiones presuntamente pagadas por empresarios por adjudicaciones sospechosas del Gobierno que presidía Eduardo Zaplana en la Generalitat rondarían los 10 millones de euros, según informaron a Efe fuentes de la investigación, que trata de esclarecer si, como sospechan, hubo un grupo de empresarios vinculados al entorno de Benidorm que pagaron esta cantidad a cambio de adjudicaciones, por lo que han puesto el foco de las indagaciones en la concesión de las ITV en el año 1997 y en los parques eólicos.

En este último aspecto, sobre la implantación de renovables, la UCO ha centrado su atención en las obras que se dieron en noviembre de 2006 para el montaje de los primeros parques y aerogeneradores del plan eólico valenciano, en concreto en la denominada zona seis, con siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón, según las mismas fuentes.

Para esclarecer estas cuestiones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo todo el expediente de concesión administrativa de las ITV en el año en el que fueron privatizadas con el gobierno de Eduardo Zaplana. Además, los agentes han pedido el expediente de contratación sobre el desarrollo del Plan Eólico de la Comunitat, en concreto, una resolución de 2003. Ambas se adjudicaron a una UTE con participación de la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, que ayer fue detenido por los mismos hechos que el expresident Zaplana.

Las fuentes consultadas por Efe sí han matizado que el pago de esas cantidades por parte de los empresarios no significa que el propio Zaplana las percibiera en primera persona, aunque sí se le investiga por presuntamente hacer aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat y que hasta ahora estaba depositado en paraísos fiscales.