El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón acordó ayer posponer hasta el próximo 12 de abril la declaración del exvicepresidente de la Diputación de Castellón y exalcalde popular de Vall d’Alba, Francisco Martínez, sus dos hijos y el empresario y socio de Martínez, Raúl Babiloni, investigados (término que sustituye al de imputados) en una causa por fraude y exacciones ilegales.

Se denomina así la conducta del sujeto activo (funcionario) que, con abuso del ejercicio de sus funciones, obtiene un lucro ilícito, exigiendo directa o indirectamente derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos, o en cuantía mayor de la señalada.

Los cuatro debían haber declarado ayer en la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde comparecieron a primera hora de la mañana. La jueza decidió posponer la exposición de los investigados, atendiendo a la petición realizada ayer por el abogado de una de las partes, que solicitaba un poco más de tiempo.

En las diligencias del caso, que se iniciaron a partir de una querella presentada por la Fiscalía el pasado enero, también se investiga a cuatro empresas del exdiputado provincial, en algunas de las cuales también figuran sus dos hijos como copropietarios.

Martínez fue el primero de los investigados en personarse ayer en el juzgado. Lo hizo a las 9.30 horas, 30 minutos antes de la hora a la que estaba citado.

Poco después de las 11.00, tras una larga espera, abandonaba la Audiencia Provincial, tras conocer el aplazamiento de su declaración y rehusando hacer valoración alguna sobre el caso.

Fue precisamente el fiscal del juicio sobre la depuradora de Borriol, quien pide cuatro años de cárcel para el exalcalde de Vall d’Alba en un asunto en el que todavía no hay sentencia, quien adelantó en sus conclusiones que había “otra investigación judicial abierta, origen de la presente actuación”. La misma se había iniciado a tenor de las actividades de las mercantiles de Martínez y está relacionada con la gestión urbanística de Vall d’Alba. Los socialistas de la localidad entregaron a la Fiscalía diversa documentación en febrero al respecto. H