El funcionamiento de la Justicia no acaba de convencer a los ciudadanos. Y no lo hace porque la percepción general es que tarda demasiado tiempo en resolver los asuntos. Por mucho que pase el tiempo, los juzgados siguen teniendo los mismos problemas de siempre: falta de medios y personal. Y eso que, en los últimos años, la cifra de asuntos que llegan a los 48 órganos judiciales de la provincia ha evolucionado claramente a la baja. Lo ha hecho en prácticamente todas las secciones, aunque hay alguna excepción. Una de más importante es la jurisdicción Social, que tramita todos aquellos asuntos relacionados con el ámbito laboral, y que tras años de descenso asiste a un repunte en las demandas judiciales. ¿La consecuencia? Los cuatro juzgados de lo Social de Castellón tienen la peor tasa de congestión (5,05), acumulan casi 2.000 asuntos pendientes y tardan entre nueve y once meses en resolver una causa de invalidez o una reclamación de cantidades.

CAMBIO DE TENDENCIA

Los últimos datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son incontestables. Durante los nueve primeros meses del año pasado, los cuatro juzgados de lo Social de Castellón ingresaron un total de 2.807 asuntos, casi un 3% más que durante el mismo periodo del año anterior (2.735). No se trata de un alza importante, pero lo significativo es que es el primer repunte tras años de descenso y el incremento se produce en plena etapa de recuperación.

Quienes se dedican a diario al derecho laboral también constatan un incremento de la conflictividad en el ámbito del trabajo. «Hay varias causas que explican ese aumento. Una tiene que ver con la situación económica, con un repunte de las sanciones laborales que acaban en despidos. Otra podría ser el incremento de los asuntos por incapacidades permanentes y, también, el hecho de que mucho personal laboral de la Administración ha acabado acudiendo a los tribunales, como es el caso de los trabajadores del Hospital Provincial», resume Rubén Ibáñez, del bufete de abogados Martínez Sanz, que asegura que la culpa del colapso y la demora en dar solución a las demandas la tiene la falta de medios. «Los funcionarios hacen lo que pueden, pero faltan medios humanos y materiales», añade.

RECLAMACIONES Y DESPIDOS

De los algo más de 2.800 asuntos que tramitaron los cuatro juzgados de lo Social de la provincia de enero a septiembre del año pasado, el grueso (casi el 40%) tienen que ver con trabajadores que, de manera individual, realizan una reclamación de cantidad. Le siguen los asuntos por despido (869 durante los nueve primeros meses), y las demandas contra la Seguridad Social. «Entre estas últimas destacan los casos por declaraciones de invalidez en los que el trabajador, por lo general, reclama un grado de incapacidad más alto», explica Ibáñez.

Los juzgados de Castellón que llevan materia laboral alcanzaron cifras de récord en plena crisis económica. El peor año fue 2009, cuando entraron la friolera de casi 6.000 demandas. Poco a poco la litigiosidad fue cayendo hasta que el año pasado la tendencia empezó a cambiar.