Para muchos, el problema empieza a ser una lacra social. La usurpación de viviendas, tipificada en el artículo 245 del Código Penal y enmarcada en los delitos contra el patrimonio, sigue a la orden del día. La última memoria de la Fiscalía de Castellón refleja que cada mes se producen en la provincia una media de 18 okupaciones ilegales de inmuebles. En el 2016 (últimos datos disponibles) se registraron en Castellón 221 delitos de este tipo, una pesadilla para decenas de pequeños propietarios que hasta ahora tardaban años en conseguir desalojar a quienes de manera ilegal residían en una casa. Muchos de ellos ven ahora con alivio uno de los últimos anuncios del Gobierno: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que contempla que los desalojos se produzcan en menos de 20 días.
Cada año llegan a los juzgados de Castellón 220 casos de ocupación, pero en esta cifra no están todos los que son. Aunque no hay datos oficiales, se estima que en España existen unas 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente. Si se contabiliza un millón de pisos e un parque del 10% del millón de pisos no ocupados en total que se supone existen en el país. En Castellón, el número podría rozar el millar.
Que la okupación ilegal está a la orden del día lo demuestran las informaciones aportadas por las fuerzas de seguridad. A principios del pasado mes de enero, la Policía Nacional detenía en Castellón a ocho personas que vendían drogas en dos viviendas okupadas cerca de la plaza Donoso Cortés. Hace un año, la Guardia Civil desmantelaba en la capital un macrocultivo de marihuana en el interior de una casa okupada de manera fraudulenta.
UN DELITO LEVE
La ocupación de inmuebles se considera en el Código Penal un delito leve o infracción administrativa y está penada en función de si ha habido violencia o no. Si la usurpación se ha producido sin violencia, el juez puede imponer una pena de 3 a 6 meses. Si existe violencia la condena oscila entre 1 y 2 años de cárcel. El problema es que los juicios se alargan y cuando lega el momento del desalojo, lo habitual es que la familia que estaba ocupando se haya marchado y la vivienda esté habitada por otra, por lo que el proceso debe empezar desde el principio. La nueva ley de desahucio exprés pretende acelerar todos estos plazos
Ante la proliferación de la usurpación, hay voces que claman por una intervención. Ciudadanos, por ejemplo, ha hecho de la okupación ilegal de pisos una de sus prioridades legislativas y en Castellón ha presentado mociones en los plenos municipales de la capital y Vila-real. Defiende la necesidad de atajar el problema y diferenciar entre quienes lo cometen por necesidad y quienes lo cometen para delinquir.
