La mayoría de parejas que se divorcia en la provincia de Castellón lo hace de mutuo acuerdo y tras mantener una relación de 10 años o más, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, ocho de cada diez rupturas que se produjeron el año pasado fueron de mutuo acuerdo (81%). Además, la mayoría de los matrimonios se rompe tras 10 años de matrimonio o más (68%) y solo una minoría pone punto y final a la relación a los dos años de darse el sí quiero (34 de los 1.159 del año pasado). El 42% de las parejas rotas en Castellón, asimismo, no deja hijos, mientras que otro 54,7% tiene vástagos menores a su cargo.

El abogado Vicente Rovira explica que el procedimiento consensuado resulta mucho más económico, porque se efectúa con un abogado y un procurador en lugar de con dos y, además, por el contencioso se cobra más.

«Se intenta llegar al mutuo acuerdo antes de presentar la demanda, pero también una vez ya presentada e incluso antes de entrar en la sala», añade.

El letrado Adrián Vidal indica que el contencioso suele durar unos siete meses en los juzgados de Castellón. Este es el tiempo que suele tardar en señalarse la fecha del juicio principal desde la interposición de la demanda. No obstante, especialmente en los procedimientos en los que hay menores, en ocasiones, y para evitar la demora, es común solicitar junto con la demanda que se fijen medidas provisionales mientras dura el proceso. Esto conlleva una vista que suele señalarse en unos tres o cuatro meses desde que se interpone la demanda. Posteriormente, se celebra el juicio, que normalmente no difiere mucho de las medidas provisionales. Si tras dictarse la sentencia en primera instancia, alguna de las partes recurre ante la Audiencia, la decisión de esta puede alargarse alrededor de dos o tres meses más. No obstante, las medidas fijadas en la sentencia de primera instancia no se suspenden por el recurso.

MÁS ÁGIL SI ES DE MUTUO ACUERDO

«Si el procedimiento se inicia por la vía de mutuo acuerdo, en alrededor de dos meses, ya se cita a la pareja para que ratifiquen el convenio regulador. Los principales motivos de falta de consenso suelen ser los relativos a la guarda y custodia de los hijos, en caso de haberlos; y en aquellos en los que hay patrimonio común, que, en ocasiones, para ciertos progenitores prevalece a los hijos», explican los letrados consultados.

La cifra de rupturas ha aumentado en un 4,7% en el segundo trimestre del 2018 en comparación con el mismo periodo del 2017, al pasar de 378 a 396, según datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial.