La propuesta del Gobierno de aplicar peajes blandos en todas las autovías del Estado (incluídas las autopistas progresivamente revertidas al Estado, como la AP-7 a partir del año próximo) afectaría de forma directa a más de 80.000 vehículos que las utilizan a diario en Castellón, muchos de ellos vecinos de la provincia que las utilizan en sus desplazamientos cotidianos. Así se desprende de los datos de Intensidad Media Diaria que publican de forma anual la Conselleria de Obras Públicas y el Ministerio de Fomento.

A la espera de que el Gobierno central determine con exactitud el alcance de su medida --algo que no ocurrirá mientras esté en funciones--, en Castellón las vías que se verían afectadas serían la AP-7 y la A-7, aunque en este último caso la titularidad de la vía pasa del Estado a la Generalitat en el tramo de la Vilavella al aeropuerto, por lo que habría que ver qué decisión adoptaría un Consell que por ahora no se ha pronunciado al respecto. Entre ambas vías suman a diario un tráfico de más de 60.000 vehículos, pues en algunos tramos de la autovía se superan los 40.000 y la autopista alcanza prácticamente los 20.000.

18.000 VEHÍCULOS EN LA CS-22 // A estas dos vías habría que sumar los 11,5 kilómetros de la CS-22, que unen la N-340 con el puerto de Castellón, otra carretera de alta capacidad por la que a diario pasan 15.500 coches y más de 2.500 camiones. Se trata de una autovía cuyo tráfico se ha incrementado en los últimos años debido a los buenos resultados de la infraestructura portuaria y que es clave para que esta pueda mantener su tasa de crecimiento.

EL COSTE, EN EL AIRE // Pese a que ningún portavoz gubernamental ha dado más detalles sobre la propuesta, las patronales del transporte son las más preocupadas y ya barajan hipótesis como la de abonar 0,15 euros por kilómetro recorrido. Un ejemplo del impacto que podría tener para el sector lo representa el coste por camión en el viaje entre Castelló y la frontera francesa, puerta de Europa para las exportaciones, que rondaría los 132 euros ida y vuelta. El gerente de la Asociación Castellonense de Transporte de Mercancías (ACTM), Ignacio Riu, advirtió esta semana de que los camioneros ya trabajan con márgenes «muy ajustados», por lo que «cualquier incremento en los costes es un revés para las empresas de logística».

En el caso de los usuarios, el pago por kilómetro sería inferior, de tres céntimos. No obstante, los usuarios ven con reticencias la medida porque, a su entender, podría suponer un paso atrás en una provincia que durante años ya sufrió la inseguridad y el colapso en la N-340, un escenario que creen que podría repetirse si las autovías fueran de pago.