La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, acompañada de la directora general de Justicia, Maria Àngels Garcia, firmó ayer un acuerdo con los representantes de los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia dependientes de la Generalitat. Este convenio beneficia a 4.600 empleados públicos, repartidos entre el personal de los cuerpos de médicos forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial. El objetivo es la recuperación de los derechos sindicales menguados durante los últimos años, a fin de que los empleados públicos de este sector puedan recuperar el poder adquisitivo y las condiciones de trabajo perdidas en estos años.
