Los representantes de la Asociación de Vecinos de la Marjaleria tienen previsto negociar con la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, un permiso para que a los vecinos de la zona se les permita la realización de obras menores en zonas no urbanizables, tales como la construcción de muros, vallas o estructuras complementarias a una vivienda.

Este es el planteamiento que presentarán a Marco durante la próxima reunión entre Ayuntamiento y asociación los representantes de la misma, tal y como explicó su secretario, Roberto Teruel. Apelan de este modo al mensaje expresado desde el equipo de gobierno, en el sentido de que en terrenos no urbanizables, pese a estar prohibido, existe un pequeño margen para permitir pequeñas construcciones --que no viviendas--. La zona protegida, eso sí, continúa como una clara línea roja para los marjaleros.

“Nuestra intención es trabajar para resolver poco a poco los problemas de los vecinos, especialmente los que sufren las problemáticas más graves”, explica Teruel, quien, sin embargo, deja fuera de toda negociación las construcciones situadas en zonas de especial valor ecológico y ambiental: “El que haya construido debe asumir su responsabilidad; no depende de nosotros”.

De este modo, ya han acudido al ayuntamiento para concertar una reunión con Amparo Marco, a la que acudirá también el abogado de esta asociación. De momento, mañana tienen previsto un encuentro con el concejal de Ordenación del Territorio, Rafa Simó, al que trasladarán las últimas incidencias acaecidas en la zona a nivel urbanístico.

gran problemática // En estos momentos, según los cálculos de los técnicos municipales, existen alrededor de 400 construcciones --desde viviendas hasta casetas o muros-- situadas tanto en zonas protegidas como en no urbanizables. Se trata, pues, de un porcentaje importante respecto al número total de edificaciones en todo este área, que se sitúa por encima de las 3.200.

En el centro de la polémica está la puesta en marcha del plan especial de la Marjaleria, que tiene que ser modificado para intentar resolver los problemas de tipo urbanístico que han provocado derribos y sanciones económicas, consideradas desproporcionadas por los vecinos de la zona.

Tanto desde la asociación --que desde el pasado mes de octubre cuenta con una nueva junta directiva-- como desde el propio Ayuntamiento están manteniendo reuniones periódicas, y ambas partes destacan que las relaciones son muy buenas. H