El grupo municipal popular de Castelló anunció ayer que presentará alegaciones contra la eliminación del topónimo Castellón de la Plana y contra el derribo de la cruz del Ribalta. Dos decisiones que, a su parecer, son «unilaterales» e «impuestas por el gobierno municipal de PSOE y Compromís de espaldas a la mayoría social de castellonenses». Para la portavoz popular, Begoña Carrasco, es «urgente que la ciudad vuelva a la normalidad. Para mirar hacia el futuro hay que acabar con las imposiciones y sectarismos de un gobierno, el de Amparo Marco, que no mira por el interés general, sino por el de los socios que la hicieron alcaldesa».
En la misma línea, Carrasco lamentó que «tanto en el caso del cambio de topónimo, como en la cruz, lo que se ha hecho es dinamitar los consensos alcanzados en tiempo de la Transición democrática. Un gobierno enrocado en el pasado no puede avanzar, ni centrarse en lo que preocupa y ocupa a la ciudadanía, no atiende a sus prioridades», indicó.
El principal argumento que defienden los populares para alegar contra la retirada de la cruz se centra en el acuerdo municipal adoptado por la corporación de 1979, mediante el cual el monumento «fue desde entonces símbolo de reconciliación y en recuerdo a todas las víctimas de la violencia, sin distinción». Para el topónimo, el PP aboga «por utilizar indistintamente y con libertad Castellón y Castelló».
