La vuelta a la normalidad tras el fin de confinamiento (a partir del 9 de mayo) debe contar con la suficiente financiación autonómica y criterios geográficos que atiendan las diferencias locales. Que la situación que se vive en Madrid no arrastre a las condiciones de vida en Soria. O que la pandemia en València no afecte a cómo se vive el día a día, por ejemplo, en la comarca del Maestrat. Estas fueron las dos aportaciones que hizo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la sexta reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos autonómicos.
Un encuentro telemático al que el jefe del Ejecutivo central acudió con un anuncio inédito que no desveló en su comparecencia del pasado sábado: el Estado inyectará 14.000 millones a las comunidades autónomas para garantizar su liquidez. Un dinero que procede de la actualización de las entregas a cuenta de la liquidación del año 2018 (5.500 millones que iban a pagar en julio, pero que adelantan), aportaciones de sanidad y servicios sociales o fondos del extra FLA (fondo de liquidez autonómico) que iban a pagarse en el 2020. Más información en la página 17.
2.000 MILLONEs de euros // El presidente de la Generalitat desmenuzará hoy con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, qué cantidad corresponde a la Comunitat Valenciana y reiteró que la cifra que se fija en el horizonte la administración valenciana para afrontar la pandemia en toda su extensión es de «2.200 millones». Una cantidad calculada para hacer frente a la factura sanitaria, pero también para que los empresarios tengan liquidez.
Un esfuerzo financiero que, según opinó Puig, no debe ser puntual. «Continuaré defendiendo la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. No es posible fortalecer el Estado del Bienestar sin el cambio estructural del modelo de financiación».
En los próximos meses precisarán muchos recursos por lo que, defendió, «debe aplicarse un nuevo marco fiscal, ya que el déficit público va a cambiar y nos tendremos que endeudar más». Por ello criticó que «no tiene lógica quitar impuestos y, por otra parte, exigir más recursos» y ayudas al Estado. Puig abogó por una «progresividad fiscal» y una alianza «público-privada» para que los gastos que habrá que hacer en los próximos meses «no sean irreversibles en los próximos años».
Mientras resuelven el cuánto, también habrá que dilucidar el cómo se sale de la actual situación. Y el jefe del Consell asegura tener clara la metodología. «La desescalada debe tener criterios geográficos. El centralismo no es inteligente», subrayó ayer.
EL MAPA DE LA PANDEMIA // El previsible desconfinamiento que se adoptará a partir del 9 de mayo debe atender, según el jefe del Consell, a razones «geográficas, sectoriales y demográficas» para que las medidas que decidan tengan en cuenta el mapa de la pandemia de cada territorio, tanto a nivel nacional como en la propia comunidad autónoma.
Y en esta tesitura «confrontar la actividad económica con la seguridad sanitaria no es el camino sino un inmenso error», por lo que el presidente de la Generalitat aboga por «dotar de la máxima seguridad sanitaria al sector económico». No dijo cómo, aunque Puig sí se puso la venda antes de la herida por las medidas que se adoptarán en las próximas semanas. «No podremos tener todas las certezas, pero las decisiones se tomarán con la máxima prudencia». Podrá haber «apertura o cierre dinámico» del confinamiento para que la nueva etapa sea «flexible, rápida y eficiente» a la hora de detectar nuevos contagios para evitar que pueda producirse cualquier «marcha atrás» que ponga en peligro todo el trabajo realizado en los meses de confinamiento. Estas futuras decisiones se adoptarán, según Puig, «con perspectiva quirúrgica, muy capilarizada» para garantizar la «seguridad» y poder controlar nuevos contagios.
