Con los únicos votos favorables del grupo popular, la Diputación aprobó ayer una moción en la que se instaba a la Generalitat a que autorice el servicio móvil de salud que la institución provincial planeaba para dar servicio a los municipios más pequeños dentro del programa Salut al Poble y que no fue autorizado por el Consell al considerar, entre otros argumentos, que invadía competencias de la propia Conselleria de Sanidad y se ponía en cuestión la viabilidad, tanto económica como sanitaria, de la medida.
El objetivo de la iniciativa, que había sido ideada por la Asociación de Enfermos Renales Alcer-Castalia y recogida por el gobierno provincial, es mejorar los servicios preventivos en el ámbito rural donde no se cuenta con un ambulatorio o un centro de salud próximos.
La moción aprobada ayer en Diputación insta a Generalitat a que ceda esta competencia a la institución provincial para que pueda dar este servicio, a imagen y semejanza de lo que viene haciendo desde hace años la Diputación de Valencia, que incluso dispone de vehículo propio para ello, tal como recordó ayer el vicepresidente de la Diputación, Vicent Sales.
El portavoz socialista, José Benlloch, señaló que lo que hay detrás de todo esto es una actuación deliberada contra la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y la constante búsqueda de enfrentamiento del presidente Moliner hacia la Generalitat. H
