La reforma del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Borrull, uno de los proyectos estrella impulsado desde el Ayuntamiento de Castellón de la mano de la Generalitat y que en este mandato debería haber iniciado, como mínimo, las obras, está estancada.
Según explican fuentes oficiales de ambas administraciones implicadas, el convenio que marca los pormenores del acuerdo --entre ellos la distribución y diseño de los espacios o el presupuesto de remodelación y la aportación económica municipal y autonómica-- estaría «cerrado», a falta de la firma entre las partes, que deberán estampar la alcaldesa, Amparo Marco, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra. Pero, aseguran, no terminan de cuadrar agendas y el reciente anticipo de las elecciones generales por parte del presidente del Gobierno Pedro Sánchez no juega a favor, puesto que con la convocatoria oficial hay ciertos actos que no podrían convocarse. De hecho, puede que esta sea la última semana para hacer un acto público sobre el nuevo Borrull.
A las puertas de las elecciones, como mucho, se podría conseguir firmar y cerrar el convenio in extremis y arrancar el proceso de licitación. El resto se pospone ya a la próxima legislatura y quedará en manos de los nuevos gobiernos, tanto municipal como autonómico, que salgan de las urnas el próximo 26 de mayo.
AJUSTE DE PRESUPUESTO // El último retraso de la reforma de Borrull tiene origen en el presupuesto. Como ya se informó, se renegoció y reajustó. Y es que una vez elaborado el proyecto técnico de obra, el presupuesto estimado en unos 12 millones, superó los 18 millones y tras negociaciones entre las dos administraciones implicadas se intenta cerrarlo en torno a los 15 millones.
Castellón aportaría los 12 previstos (que obtendrá a través de una operación de crédito) y el resto se cubriría con fondos autonómicos, según anunció en noviembre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; unos 3 millones, aunque pueden ser menos ante la previsible baja de las empresas en la licitación. La administración autonómica también aporta el edificio, que está valorado en otros 6 millones de euros.
En base al anteproyecto de reforma, los 11.700 m2 del edificio cerrado hace 13 años, que será sede de servicios sociales, se distribuirían de la siguiente forma: 6.800 m2, un 68% del total, serán para dependencias municipales y la administración autonómica se queda 3.200 m2, el 32%. Otros 1.700 m2 serán para espacios comunes, que se concentrarán la mayoría en la sexta planta de este majestuoso y céntrico edificio, que consta de seis pisos, una planta baja y un sótano.
