Las palabras clave eran «almacén electoral». Estos términos aparecían de forma habitual en las facturas emitidas por empresarios de Castellón a la Subdelegación del Gobierno para, presuntamente, poder agotar el presupuesto destinado exclusivamente a procesos electorales para otros menesteres de la institución.

El Juzgado de Instrucción número 1 analiza ahora cientos de facturas por servicios de electricidad, carpintería o seguridad, entre otros. Recibos que alcanzaban los 4.700 euros durante los años en los que Antonio Lorenzo --que declara el próximo 11 de abril en calidad de investigado-- era el subdelegado del Gobierno (2007-2012), que llegan a una cifra próxima a los 100.000 euros y que están ahora bajo sospecha.

Los investigadores del caso creen que, aunque el dinero sí se le debía a dichas empresas, era por otros trabajos distintos a los facturados y que nada tenían que ver con las elecciones. Por ello, la Policía Nacional trasladó al magistrado que existían presuntas falsedades en los recibos para distraer el presupuesto electoral, un hecho que, a ojos del Cuerpo, podría suponer una supuesta infracción de la ley electoral.

Un presunto fraude que, además, ha reconocido el principal investigado, V.G.M., quien fuera habilitado de gastos y quien se encuentra ahora suspendido de empleo y sueldo. El funcionario, que ha colaborado con la investigación y ha señalado a Antonio Lorenzo como conocedor de la operativa --así como a un secretario general de la institución fallecido--, ya admitió en la comisaría provincial que el dinero electoral se utilizaba para «tapar agujeros» y que los trabajos referidos en los conceptos de las facturas no se realizaron realmente.

DECLARA HOY / V.G.M. está, precisamente, llamado hoy viernes a declarar en el juzgado instructor de la capital, junto a otros cuatro testigos del caso. Se prevé que, ante el magistrado, ratifique su declaración policial y vuelva a reconocer las presuntas ilegalidades del conocido como caso Subdelegación.

A modo de ejemplo, llama especialmente la atención que en el año 2007 se facturara un servicio de reparación y revisión del sistema de alarma en el almacén electoral, puesto que en la inspección ocular de la Policía Nacional se observó que no existía tal alarma ni rastro de que la hubiera habido nunca.

EL ALMACÉN ELECTORAL / Tampoco encontraron las diferentes reparaciones eléctricas supuestamente realizadas en esa nave --sita en el polígono Castalia--. Los intervinientes concluyeron que el almacén estaba en buen estado de conservación y sin síntomas de deterioros o averías aparentes.

Además, la encargada de la instalación en los periodos electorales dejó claro que en la nave --donde se almacenan papeletas, urnas y otros enseres-- no se había realizado ninguna reparación de la alarma y que el edificio nunca había contado con seguridad privada --un servicio por el que una conocida mercantil llegó a facturar 13.000 euros--. La unidad territorial de seguridad privada tampoco tuvo nunca constancia de esas vigilancias, según la Policía.

Varios de los empresarios castellonenses implicados en la presunta trama han reconocido ya que los conceptos que aparecían en las facturas no se correspondían con la realidad, alegando que era una práctica bastante común en la administración.