El topónimo de la ciudad será exclusivamente Castelló de la Plana y Grau de Castelló, eliminando la forma bilingüe actual, en un plazo aproximado de seis meses, tras el inicio de los trámites para normalizar el nombre de la ciudad que se aprobará en el pleno del próximo 31 de mayo.
Son las previsiones del concejal de Normalización Lingüística, Ignasi Garcia, quien reconoce que una buena fecha para poder estrenar la denominación exclusiva en valencià podría ser «el 21 de diciembre, la misma fecha que se firmaron les Normes de Castelló».
El comienzo de la tramitación está garantizado, al contar con los votos del Pacte del Grau, como ya avanzó este periódico y confirmó el portavoz del PSPV, Rafa Simó, tras una reunión mantenida por el grupo socialista, que en febrero --primera fecha para llevar la normalización del nombre de la ciudad a pleno- condicionó su voto a una campaña informativa que ya se ha realizado y aplazó el debate a este mes.
Difusión y pedagogía
Según Simó, «le daremos apoyo a la recuperación del topónimo porque entendemos que se ha hecho un trabajo de difusión y pedagogía, en el que se ha demostrado que la doble denominación es una anomalía administrativa que no tiene nada que ver con el bilingüismo ni ninguna guerra de lenguas. Quien no se quiere sumar es porque no quiere».
Compromís -principal impulsor de esta iniciativa- ha conseguido así el respaldo de su socio de gobierno, y con el de Castelló en Moviment -que ya tenía- tienen los votos suficientes para impulsar la normalización del nombre, para lo que se requiere mayoría simple. Suman 15 votos de los 27 del pleno. La postura de PP y Ciudadanos parece clara a día de hoy, oponiéndose a la eliminación de la forma bilingüe actual, «aunque les hemos entregado el dosier con los argumentos a favor de la denominación única original y se han comprometido a estudiarla», dijo Garcia.
La tramitación
El Decret 69/2017 del Consell de regulació dels criteris i procediment, marca las pautas a seguir para el cambio de denominación. En base al mismo, «se iniciará el procedimiento mediante acuerdo del pleno adoptado por mayoría simple y se ordenará la realización de los actos de instrucción que resulten necesarios». Esta instrucción pasa por «recabar los informes justificativos y técnicos donde se razone adecuadamente el cambio que se propone... incluyendo un estudio técnico, suscrito por un experto en lingüística (del que se encargará el catedrático de la Jaume I Lluís Gimeno)».
El expediente será sometido después a información pública por un plazo de 20 días hábiles, a los efectos de que cualquier persona, física o jurídica, pueda examinarlo y formular alegaciones, si las considera pertinentes. Después, pasará de nuevo por el pleno y se remitirá la documentación a la Generalitat, que es la que tiene la competencia exclusiva en materia de topónimos.
La dirección general competente en materia de Administración Local abordará el asunto y solicitará informe a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que será emitido en dos meses y al ministerio responsable del Registro de Entidades Locales. El último en pronunciarse será el Consell.
