La vivienda social, al descubierto

Mucho por regularizar, pero no todos son ‘okupas’

El Ayuntamiento tiene contablizados un total de 221 pisos de este tipo. De ellos, 58 se hallan con una ocupación irregular, pero desde el área de Vivienda puntualizan que no todos los casos corresponden a okupas. En ocasiones, se trata de gente con contratos de arrendamiento en los que no hay subrogación de padres a hijos. El análisis se hizo a raíz de al trabajo elaborado por el programa de Jornals de Vila en el anterior mandato. «Esta actuación es la que ha permitido realizar todo el trabajo de inspección de las viviendas y conocer su estado», como puntualiza la concejala.

Unos problemas que se arrastran hace años

El estudio revela que buena parte de las casas pendientes de regularización arrastran ese estado desde hace un largo periodo. Y es que de las 58 incluidas, 40 deberían tener aclarado su estado desde hace más de 10 años. Y dentro de esas, ocho ya llevan dos décadas de espera. La edila afirma que ha habido «avances en las regularizaciones y en la elaboración del censo para conocer la situación», pero alude a que en el pasado «ninguna concejalía del PP tenía conocimiento de este caos administrativo en el funcionamiento de la vivienda social municipal», subraya Garrido.

Cambios en la titularidad para dejarlo todo claro

Hay quien reside desde hace mucho tiempo en estos inmuebles, pero su identidad no coincide con los nombres de los titulares. Resaltan que casi la mitad de los pisos ocupados fuera de la norma lo están ahora por familiares y parientes de las personas autorizadas inicialmente. Es por ello que lo más probable sea que con poner al día la situación quede resuelta la incidencia al cambiar a los inquilinos. Calculan que hay 16 casos englobados dentro de esta casuística, y que ya llevan una década en este limbo.

La intervención por parte de los servicios comunitarios

María Jesús Garrido concreta de forma rotunda que quien no tenga derecho a estar en estas casas deberá salir «sí o sí», aunque previamente «habrá una cobertura por parte de los Servicios Sociales». Tendrán que estudiar caso por caso para evitar que las personas que realmente las necesiten «se puedan quedar en la calle».

El extraño caso de los vecinos de Zaragoza

La alcaldesa, Amparo Marco, también destacó al comienzo de semana un caso pintoresco. «Hemos comprobado que había gente que vivía habitualmente en Zaragoza y que usaba estas viviendas como lugar de apartamento de verano para venir a las playas de Castelló». Algo que pretenden atajar con el plan. Garrido también aludió en un pleno que en algunos casos se había registrado la venta de droga en el interior de casas, y que estaban en colaboración con las fuerzas de seguridad para poner remedio.

Las listas de espera y la petición a los propietarios

Mientras solucionan los entuertos relacionados con la vivienda social, hay ciudadanos que siguen acudiendo a la administración local para pedir alojarse en una de ellas. En estos momentos, la cifra de la lista de espera se sitúa en unas 300 personas en fase de baremación. Existe personal destinado a ello, pero desde la Concejalía exponen que hace falta más personal para agilizar las decisiones.

Una unidad móvil de visita por toda la ciudad

Al hilo de todo este movimiento, el Ayuntamiento de Castelló desarrolla en esta quincena una campaña para acercar a diferentes puntos de la ciudad los recursos disponibles en esta materia. El lunes y el martes estuvieron en la plaza Huerto Sogueros, para luego continuar su periplo por la plaza Juan Sebastián Elcano y llegar el viernes a la plaza del Casal Jove. La actividad seguirá la semana que viene. Desde el lunes y hasta el miércoles acudirán a la plaza de Vilanova d’Alcolea, en las inmediaciones de la avenida Valencia, y los días 28 y 29 estarán en la plaza España. Ya en el mes de diciembre, en las fechas del 2 y el 3, llegarán a la calle Rafalafena, para acabar este periplo en María Agustina. Los visitantes conocen toda la gama de ayudas disponibles.