En la Vall d’Uixó, el Ayuntamiento ha decidido no hacer concesiones a las empresas que gestionan servicios municipales o ejecutan obras públicas. Después de iniciar los trámites para romper el contrato con la gestora de la piscina de verano, ahora están estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra ThyssenKrupp Elevadores, por los retrasos que acumula la instalación del ascensor en la casa consistorial.

Este proyecto, con el que se acabará con la barrera arquitectónica que suponían para las personas con diversidad funcional las escaleras de acceso al ayuntamiento, tenía un plazo de ejecución que finalizaba en el mes de julio. Sin embargo, «unos problemas con la medición de la estructura», según ha alegado frente a la Concejalía de Urbanismo la empresa encargada de su ejecución, no ha hecho posible cumplir con este compromiso.

UN CRISTAL QUE NO LLEGA / Con todo, y aunque es evidente que lo único que falta por colocar es el cristal de protección que revestirá la estructura, el equipo de gobierno considera que, desde julio hasta octubre, «ha habido tiempo suficiente para subsanar ese error». Y el hecho de que después de tantas semanas no se haya culminado la obra, supone un «incumplimiento injustificado», que podría tener consecuencias.

El retraso podría costarle al municipio 34.000 euros. Como confirmaron desde el consistorio, la ejecución de esta obra está sujeta a la concesión de una subvención por esa cantidad --de un total de 73.000 euros que supone la inversión -- que tiene que justificarse como muy tarde el 31 de octubre. «Teniendo en cuenta que hay que recepcionarla y hacer los certificados, no podemos consentir un retraso mayor, porque no se puede perder la ayuda por una razón como esta», explicaron las fuentes consultadas.

Los trabajos para instalar el ascensor en el inmueble municipal comenzaron en abril, para dar cumplimiento al compromiso de dotar de accesibilidad un edificio en el que se encuentran servicios esenciales, como la secretaría general y la alcaldía. La ausencia del elevador fue la razón principal por la que en la legislatura pasada se decidió cambiar de ubicación el pleno.