La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, anunció ayer que la Generalitat invertirá unos 300.000 euros en el desarrollo de dos planes de intervención integral sostenible (PIINS) en los grupos de vivienda pública de la Moleta II y Jesús Obrero en la Vall d’Uixó. Salvador hizo público este proyecto en la reunión mantenida con la alcaldesa, Tania Baños, y la directora general de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha), Helena Beunza.

Al respecto, explicó que estos programas, que se van a impulsar «de manera pionera», suponen «una gestión integral» de estos bloques de casas ya que combinarán la puesta en marcha de reparaciones y mejora de elementos comunes con acciones sociales que la Conselleria y los servicios sociales municipales ya desarrollan conjuntamente.

LAS ACTUACIONES // El PIINS previsto en la Moleta II cuenta con un presupuesto estimado de 185.000 euros, mientras el de Jesús Obrero asciende a 110.000. Las intervenciones a desarrollar en ambos se centran principalmente en el arreglo de las fachadas y cubiertas, adecuación de zaguanes, elementos comunes de cada edificio y de las instalaciones.

La consellera detalló que a finales de febrero la Generalitat valenciana licitó la redacción de los proyectos por un importe de 19.459 y de 12.194 euros, respectivamente. Estos contratos incluyen la elaboración de los informes de evaluación de los edificios y la redacción de los preceptivos programas de ejecución.

Además, remarcó la importancia de estos planes de intervención «que aglutinan una serie de medidas dirigidas a dignificar y normalizar la vida de las personas que conviven en grupos de inmuebles públicos». «Y para ello es fundamental la colaboración de los ayuntamientos, que nos permite dar una mejor respuesta a los ciudadanos ya que la administración local es la primera a la que acceden», argumentó.

Además de las obras de rehabilitación, estos PIINS «buscan la cohesión social del barrio mediante acciones dirigidas a mejorar la convivencia vecinal, el respeto de los bienes públicos y la corresponsabilidad de cada vecino del grupo, siendo fundamental estar al día en los pagos a la comunidad», aseguró Salvador.

Para conseguir este objetivo, en 2016 la Conselleria ya realizó las inspecciones de las viviendas para identificar a los ocupantes de las mismas, sus circunstancias socioeconómicas y el estado general en el que se encontraban.