El Consejo de ministros de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobaron ayer el uso en las instituciones comunitarias de las lenguas cooficiales españolas (catalán, valenciano, vasco y gallego), que no tendrán reconocimiento oficial pero que podrán ser utilizadas por los ciudadanos para dirigirse a la UE y por los representantes autonómicos para hablar en las reuniones.
Con esta decisión "sobre el uso oficial de las lenguas adicionales", se "abren las puertas de Europa al uso oficial de estas lenguas", que 12 millones de españoles tienen como lengua materna, precisó el secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Alberto Navarro.
El acuerdo se logró frente a la oposición de estados como Holanda, Austria o Irlanda. El resto de las delegaciones aceptó la demanda española debido a que sus lenguas cooficiales están reconocidas en la Constitución, algo con lo que no cuentan otras habladas en diferentes países de la Unión, y al hecho de que todo el coste será asumido por España. Así, según las estimaciones el coste de ofrecer estos servicios en cada lengua será de aproximadamente 500.000 euros por cada una de las lenguas.
Sin embargo, el acuerdo no respeta la fórmula utilizada por España en el memorando del pasado 13 de diciembre, en el que pedía "el reconocimiento oficial en la Unión Europea de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España". El documento mencionaba "el euskera, el gallego y la lengua que se denomina catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la de las Islas Baleares y que se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana".
El Gobierno central y los de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales valoraron el acuerdo, aunque los diversos partidos nacionalistas creen que es un primer paso para lograr su oficialidad en la Unión. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, explicó que el acuerdo es un ejemplo de la importancia que concede la UE a la diversidad lingüística.
