La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, manifestó ayer que el Consell no tuvo opciones para negociar el ERE de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), por lo que tendrán que «estar a lo que dicte la sentencia» de la demanda presentada por CGT contra el expediente, que se celebrará el 11 de enero del 2017. Oltra apuntó que el gobierno valenciano siempre ha estado dispuesto al acuerdo y desde que llegó al gobierno abrió las puertas del Palau de la Generalitat «a todo el mundo que se concentra o protesta», pero aseguró que hace meses que la invitación a entrar a hablar es «declinada» por parte de los representantes de los extrabajadores de RTVV.

«Dos no hablan si uno no se sienta en la mesa», afirmó la vicepresidenta, quien añadió que esa oferta negociadora la tienen los representantes de los trabajadores «todas las semanas encima de la mesa, todos los viernes».

Sobre la defensa en el juicio por el ERE, manifestó que el Consell deja en manos de la Abogacía de la Generalitat la defensa, aunque apuntó que siempre han sido partidaria de preservar los derechos de los extrabajadores.

Oltra recordó que el Ejecutivo valenciano no tuvo opción de negociar el ERE porque esa posibilidad acababa el 30 de junio, el día después de su toma de posesión. En este sentido, indicó que el expediente fue firmado por todos los sindicatos del comité de empresa de RTVV «excepto uno» y fue ratificado por la mayor parte de la plantilla en referéndum.

El sindicato que no firmó el acuerdo fue CGT, que ayer recogió el guante de la vicepresidenta y pidió volver abrir la negociación con los representantes de la Generalitat «para intentar un acuerdo que ponga fin a la incertidumbre» derivada de una sentencia de nulidad del expediente, que obligaría a reincorporar a toda la plantilla, que devolvería las indemnizaciones y cobraría los sueldos dejados de percibir.

Según el sindicato, las indemnizaciones a los trabajadores podrían llegar a entre 150 y 200 millones de euros, una cantidad que «crece cuanto más tiempo pasa»; y consideró que «no es descartable» que la Audiencia Nacional plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Y es que, con estas cifras, CGT cree que «la Generalitat incumpliría directamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y podría tener una plantilla duplicada».