El mundo laboral ha dado un giro radical en los últimos años. El empleo se ha precarizado y cada vez son más el número de puestos de trabajo y los contratos no convencionales. Empleos temporales y ocasionales, puestos interinos a través de agencias de trabajo temporal o empleos en plataformas digitales que no ofrecen una ubicación fija. Para mejorar la protección, las garantías y dar más previsibilidad, Bruselas ha propuesto normas mínimas que obligarán a las empresas a dar información desde el primer día, que prohíben las cláusulas de exclusividad, limitan a seis meses el periodo de prueba y garantizan formación gratuita también a los trabajadores más precarios.

«Cada vez son más las personas que se encuentran en riesgo de dejar de estar cubiertas por derechos fundamentales, empezando por el derecho a conocer las condiciones en las que trabajan», justificó ayer la comisaria de empleo, Marianne Thyssen, durante la presentación de esta nueva iniciativa, que se enmarca en el pilar europeo de derechos sociales.

Con las nuevas reglas, según cálculos de la Comisión Europea, entre dos y tres millones de trabajadores con contratos precarios pasarán a estar mejor protegidos, al alinear el concepto de trabajador con lo que dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Es decir, al tener en cuenta que «un trabajador es una persona que realiza servicios durante un período de tiempo determinado por y bajo la dirección de otra persona a cambio de una remuneración».

Esta definición incluye a trabajadores domésticos, aquellos con empleos marginales a tiempo parcial, a los que tienen contratos de muy corta duración y los que hacen trabajos por vales, y a los de plataformas digitales. Quedarán excluidos quienes trabajan menos de ocho horas al mes y los autónomos.

Bruselas justifica la necesidad de actuar contra la precarización. Los números hablan por sí mismos. En total, calcula la Comisión, en la UE hay entre cuatro y seis millones de trabajadores temporales con una escasa protección social, salarios bajos y nulo acceso a formación. Entre ellos destacan los empleados domésticos, que suman casi tres millones y en ocasiones no disponen ni de contrato de trabajo. Además, a unos siete millones de empleados, casi el 28% de todos los que trabajan a tiempo parcial, les gustaría hacer más horas, casi cuatro millones trabajan como máximo ocho horas a la semana y 1,6 millones tienen contratos eventuales.

INFORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA / La batería de medidas, que deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, pretende hacer frente a la protección insuficiente que tienen muchos de estos colectivos. Los empleados tenían derecho a recibir información de su empleador en los dos meses al inicio del contrato, ahora será el primer día de trabajo y por escrito. «Puede parecer obvio, pero muchos no reciben información básica», explicó Thyssen. Las empresas tendrán que informar no solo de la duración temporal del contrato, de la jornada, la remuneración durante las vacaciones o los acuerdos colectivos existentes, sino también sobre si existe formación en la empresa, si hay periodo de prueba y la remuneración por horas extras.

Bruselas propone limitar los periodos de prueba a seis meses y prohibir las cláusulas de exclusividad y competencia. Y recordó que los trabajadores con horarios flexibles fijados por el empresario no podrán ser despedidos si rechazan ir a trabajar tras haber sido avisados con horas de antelación.