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JUICIO DE LA GÜRTEL

Crespo corrobora que Costa les pidió facturar trabajos del PP a empresarios

El número dos de la trama confirma la versión aportada por Correa

 

Pablo Crespo declara este viernes. - EFE / CHEMA MOYA

EFE
19/01/2018

El número dos de Gürtel, Pablo Crespo, ha confirmado este viernes la versión aportada por Francisco Correa el pasado martes en el juicio al asegurar que el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa le pidió facturar trabajos de campaña a otros empresarios.

Durante su declaración en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, Crespo ha seguido la línea de confesión trazada por el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y ha dicho que Costa, también acusado, no dejó otra opción que facturar a otros empresarios los trabajos que Orange Market -filial de la red en Valencia- realizó para el PP valenciano.

"Me dijo que la deuda que tenía con nosotros se la íbamos a girar a otros empresarios. Yo le dije que la solución no me gustaba pero me dijo que no había otra solución. Era hacerlo así o no cobrar", ha explicado Crespo que éste le indicó en una reunión que mantuvo con él y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, que era quien, según él, tenía contactos con el PP valenciano.

Aunque al principio del interrogatorio Crespo ha dicho que desconocía qué responsable del PP lo encargó, después ha reconocido, en una pregunta que le ha hecho directamente el juez José María Vázquez Honrubia, que fue Costa quien se lo pidió en esa reunión.

"Todas las facturas que vienen en el escrito de acusación giradas a empresarios corresponden a deudas que tenía el PP con Orange Market", ha admitido Crespo, que ha dicho que él y Correa aceptaron facturar de esa manera porque la otra opción "que había era el concurso de acreedores y el cierre de la compañía".

Según la versión de Crespo, Álvaro Pérez hizo gestiones con varios miembros del partido regional para cobrar, entre ellos el expresidente valenciano Francisco Camps, aunque de éste ha dicho que no sabe si los contactos fueron directos o indirectos.

En cualquier caso, también ha precisado, a preguntas de la fiscal, que era El Bigotes quien tenía los contactos con el PP y quien mantenía "mucha relación" con Camps, con Costa, con el exvicepresidente del gobierno valenciano Vicente Rambla y con "todos los miembros de la Ejecutiva del partido", así como con presidentes provinciales del PP de Valencia, Castellón y Alicante.

Tras pedir un aplazamiento de 48 horas para replantearse si confesaba a cambio de atenuantes, Crespo ha reconocido además que "una parte de los trabajos que se hicieron con el PP se pagó en efectivo, dinero que no se declaró y que fue a parar en su práctica totalidad a la llamada caja b del señor Correa".

También ha dicho que recibieron un cheque del "grupo parlamentario popular" por 123.000 euros y que cree que fue el exvicesecretario de la formación regional David Serra el que "intervino en esa gestión" junto con "El Bigotes y desde luego el señor Cándido Herrero -exgerente de Orange Market-".

Crespo ha explicado que "jamás" ha ido a cobrar ninguna cantidad a la sede del PP, si bien, en relación a unos documentos contables que le ha mostrado la fiscal, ha dicho que acudía "de vez en cuando a Valencia a recoger esas cantidades en un paquete y las entregaba en Madrid a Correa para su llamada caja b y si no estaba él, las guardaba el señor Izquierdo -considerado contable de la trama-".

"La parte que aparece como 'Barcelona' son no declaradas, las hemos cobrado pero no declarado", ha reconocido.

Pese a haber intentado negociar con la Fiscalía durante el aplazamiento del juicio, al comienzo de la vista su abogado, Miguel Durán, ha lamentado que las negociaciones "no han dado sus frutos" pero que aún así, Crespo iba a contestar a todas las partes

Pese a las expectativas despertadas el miércoles, ni Pablo Crespo ni Álvaro Pérez, 'el Bigotes', han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, el primero admitió ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, pagos "en efectivo" de parte de los trabajos realizados para el PP valenciano para las campañas electorales de 2007 y 2008. Ese dinero "iba a la caja b" de su jefe, Francisco Correa; la facturación, a los empresarios que se sientan en el banquillo.  

"Los esfuerzos realizados no han dado los resultados esperados, pero aún así mi cliente va a contestar a todas las preguntas, va a decir la verdad", inició la vista el abogado del número dos de la trama Gürtel, Miguel Durán. Y Crespo se convirtió en el decimo primer acusado en el juicio que admite la financiación irregular del PP de Francisco Camps, después de que ya lo hubieran hecho los nueve empresarios acusados y el propio Francisco Correa.

Eso sí, Crespo tuvo especial cuidado en contradecir al que era su jefe en el entramado empresarial corrupto y se quitó del día a día de Orange Market y, por supuesto, de la contratación de servicios con el PP. Según Correa, él fue quien le dijo que era el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quien les indicó que si querían cobrar facturaran a determinados empresarios adjudicatarios de obra pública de la Generalitat valenciana.

Así Crespo le pasó la pelota a Álvaro Pérez que según le oía pidió un bolígrafo para poder tomar notas y poder explicarse cuando le llegó el turno de declarar. Justo Crespo había dicho que no podía responder a quién había hecho los encargos del PP, "porque esa relación la llevaba Álvaro Pérez, que tenía muchísima relación con gente del PP valenciano".

"Pérez me contaba su relación con (el expresidente valenciano, Francisco) Camps, Costa, (Vicente) Rambla, (expresidenta del PP valenciano Adela) Pedrosa, todos los miembros de la ejecutiva del partido, con presidentes provinciales del PP...", afirmó Crespo.

Tanto Durán como el abogado de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', José Javier Vasallo, trataron de buscar in extremis un acuerdo con Anticorrupción antes de declarar ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia.

Pero era tarde. La Fiscalía ya contaba con el reconocimiento de los hechos imputados por parte de nueve empresarios y del propio Francisco Correa. Ello les obligaba a aportar datos, especialmente sobre cómo se puede recuperar el dinero presuntamente obtenido ilíticamente, si querían lograr algún acuerdo. Anticorrupción solo accedía a una rebaja menor, tras escucharles, y anunciarlo en sus conclusiones definitivas.

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