La exalcaldesa de València y ahora senadora del Grupo Mixto Rita Barberá tendrá hoy la oportunidad de aclarar en persona ante un juez si, como todos los concejales y asesores 'populares' a su cargo en el consistorio valenciano, hizo un ingreso de 1.000 euros al partido que le fue reintegrado en dos billetes de 500 euros. El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido la citó a declarar para hoy por un delito de blanqueo de capitales. A la comparecencia asistirá, además de su defensa y el fiscal, la acusación popular que desde el pasado viernes ejerce el PSOE en la causa.
Barberá, que declara de forma voluntaria --lo que ha hecho innecesario que el alto tribunal tramite su suplicatorio a la cámara alta para poder investigarla--, podrá completar las explicaciones que dio por escrito al instructor del 'caso Imelsa', cuando este le ofreció la posibilidad de declarar ante él. En ellas admitía la aportación, pero negaba el reembolso. En cualquier caso el magistrado no debió entenderlas suficientes, porque en abril elevó la exposición razonada que llevó al alto tribunal a abrir una causa contra la exdirigente del PP, por blanqueo de capitales que se habría cometido en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València.
El objetivo de la declaración es que la exalcaldesa aclare su participación en las donaciones de 1.000 euros efectuadas por todos los miembros de ese grupo y que luego les era devuelta por el partido en efectivo para supuestamente blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita. Acreditar este extremo será una de las claves del caso, porque sólo se puede blanquear dinero cuyo origen sea ilícito. Si no se pudiera determinar de dónde procedía, los hechos investigados en la 'operación Taula' únicamente podrían ser constitutivos de una supuesta financiación ilegal del PP valenciano, pero este delito no entró en vigor hasta julio de 2015, es decir, después de los hechos investigados.
El auto en el que el alto tribunal asumía la causa contra Barberá por ser aforada hacía suya la exposición razonada, que destacaba que ella "fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros” a una cuenta no fiscalizada del PP de València, y que "resultaría incoherente" imputar al resto de los aportantes y no hacer lo mismo con Barberá. La resolución subrayaba la posición de “superiora jerárquica” de la principal investigada del caso (la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García-Fuster), con la que le unía “una relación personal de estrecha confianza”. En la operación Taula, derivada del 'caso Imelsa', están imputadas otras 47 personas, ediles y colaboradoras de Barberá, así como el propio PP como persona jurídica.
ESCUCHAS Y CUENTAS BANCARIAS
El juez de 'Taula' explicaba en su escrito al Supremo que en una investigación sobre irregularidades en la contratación pública en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, la diputación provincial y las empresas públicas Imelsa y CIEGSA, se conoció una conversación telefónica referida a un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del grupo popular en el ayuntamiento tras las que se habrían recibido dos billetes de 500 euros.
En la conversación se aludía a García-Fuster como la persona que habría entregado los billetes y se citaba a Barberá, pero no se le imputaba nada concreto. El magistrado comprobó que en una cuenta del Banc Sabadell a nombre del grupo municipal del PP en València se habían realizado, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015,aportaciones por importe de 1.000 euros por 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre las que estaba Barberá. Dos de los investigados reconocieron que su dinero les fue devuelto y cuatro testigos declararon que se negaron a hacer la donación, al temer que se tratara de una “turbia” operación de blanqueo.
