El nuevo clima que intenta crear en Cataluña el Gobierno de Pedro Sánchez dio ayer uno de sus primeros frutos tangibles: los Mossos d’Esquadra se integrarán en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Una petición largamente reivindicada por la Generalitat catalana y que se hizo acuciante tras los atentados de agosto del 2017, donde se evidenciaron, más allá de las polémicas en público y las declaraciones partidistas, algunas lagunas en el intercambio de información entre polícías y en su procesamiento por los servicios de inteligencia. Este fue el fruto más visible de la Junta de Seguridad que presidió Quim Torra. Pero posiblemente no fue el más importante. Desde el Govern se asumió con naturalidad que la seguridad es una competencia del Estado, al mismo tiempo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó con contundencia que la ejecución en Cataluña de las políticas de seguridad corresponde a los Mossos.

La aceptación de la complejidad de la estructura territorial en España por las dos administraciones permitió que al final de la reunión se reforzara, con la rueda de prensa conjunta del ministro y del conseller, la lealtad entre cuerpos en una materia tan sensible como es la seguridad. Todo ello permitió encontrar una salida razonable a la polémica sobre los lazos amarillos en la vía pública. Ministro y conseller interpretaron el fenómeno de manera distinta, pero llegaron a similar conclusión: la neutralidad no se debe forjar a base de provocaciones sino de respeto por todas las partes.

La reunión de la Junta posiblemente ha sido un bálsamo para rebajar la tensión social en los días previos a la Diada. Quienes padecen los efectos del atajo de la unilateralidad reconocen ahora que la independencia es un proceso «largo y complejo». Que no se recorre a base de soflamas y manifestaciones. Asumir la complejidad es un paso importante.