CHace tres años entró en vigor la «Ley Montoro» o LRSAL, que supone un retroceso en las posibilidades que los Ayuntamientos tienen de prestar servicios cercanos y de calidad. El objetivo de la ley era restringir la autonomía local en nombre de la sacrosanta estabilidad presupuestaria, que se tradujo en un cepo: menos competencias y más privatización de los servicios públicos. A pesar de los dictámenes del Tribunal Constitucional contra la ley, Montoro amenaza con el cierre de empresas municipales que prestan servicios esenciales y trata a los Ayuntamientos de la misma forma que Merkel trata a España.
El cambio llegó a muchos de nuestros ayuntamientos para poner las instituciones al servicio de la gente, pero es difícil cuando no podemos abordar con eficacia la atención a nuestros mayores y personas dependientes, a las escuelas infantiles o la atención a víctimas de violencia machista. En Vinaròs, Enric Pla prima la transparencia y la participación directa de los vecinos en la política local, pero no poder contratar impide abordar directamente la limpieza de playas, la formación de personas adultas o la gestión del centro de conocimiento VINALAB, teniendo que externalizarlo por un mayor coste a empresas privadas -que no siempre ganan los concursos no porque presten mejor servicio, sino por pagar peores salarios-.
Es urgente revertir la «Ley Montoro» para volver a prestar los servicios de cercanía que la gente necesita. Por eso se ha aprobado con mayoría la PNL de Podemos en Les Corts y hemos presentado en el Congreso, junto a los Ayuntamientos del cambio de Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, A Coruña y Vinaròs, una propuesta que sienta las bases del nuevo municipalismo y la recuperación de derechos de las ciudades. Hay mayoría alternativa al PP para derogar esta ley, adelante. H
*Miembro de la Secretaría Política y asesora del portavoz de Podemos en Congreso
