Dos años y medio después de los hechos, la muerte de Juan Andrés Benítez en el Raval barcelonés tras un violento forcejeo con los Mossos d’Esquadra recibió ayer el carpetazo judicial. El acuerdo alcanzado por las partes --los ocho agentes implicados, la fiscalía, la familia de la víctima y la acusación popular-- puede parecer sorprendente dada la alta tensión que ha rodeado la instrucción del caso y el enconamiento de las posiciones de las partes. Pero es probable que el pacto haya sido lo mejor, porque en lo esencial imparte justicia en el sentido moral del término y establece que el ciudadano Benítez fue víctima de un homicidio imprudente cometido por seis mossos que ahora son condenados a dos años de cárcel.
Al margen del daño irreparable de la muerte de Benítez, lo peor de este caso ha sido la actitud mostrada por los Mossos desde que la tesis del fallecimiento accidental de la víctima empezó a perder consistencia. Las amenazas a vecinos del Raval que habían grabado los golpes de los agentes a Benítez ya fueron impropias de la policía de un país democrático. Tanto o más lamentable fue el cierre de filas en el cuerpo en torno a los agentes implicados, un corporativismo mal entendido que en nada beneficia al prestigio de los Mossos.
