En Ciudadanos lo hemos defendido desde el principio, no queremos que los políticos tengan privilegios ante la justicia. Así lo plasmamos en nuestros pactos de investidura como condiciones indispensables por la regeneración política de nuestro país tras tantos años de escándalos de corrupción del bipartidismo. El presidente Sánchez, en un afán por no dar explicaciones sobre su doctorado, anunció que pretendía reformar la Constitución de forma exprés y que blindaba los delitos de corrupción. Es decir, una reforma descafeinada para desviar la atención de la semana horribilis de su Gobierno.
Murcia fue la primera comunidad autónoma que suprimió los aforamientos políticos gracias a Ciudadanos, al igual que Aragón, Canarias y Cantabria. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana el Botànic sigue vetando la eliminación de este privilegio anacrónico y sigue protegiendo a quienes han metido la mano en la caja o, presuntamente, como se va a dilucidar en la comisión de investigación a PSPV y Bloc a petición de Cs se han aprovechado para financiar ilegalmente sus partidos.
Igual pasa en la provincia donde tanto el PSPV como el PP se pusieron de acuerdo para no apoyar la eliminación de los aforamientos o la limitación de los mandatos de nuestros representantes públicos en la Diputación de Castellón. Y es que el bipartidismo siempre se une para poner barreras a la regeneración política por miedo a que se les acabe el chollo y los chiringuitos. Sin embargo, Ciudadanos, a diferencia de los viejos partidos, sí ha sido igual de coherente en toda España. Los políticos no deben estar aforados, tal y como sucede en Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Y esto, ha sido, es y será una prioridad, porque para nuestro partido todos somos iguales ante la ley.
*Diputada de Ciudadanos en el Congreso por la provincia de Castellón
