El sistema por puntos para la admisión de trabajadores extranjeros que entrará en vigor en el Reino Unido el 1 de enero del 2021 tiene bastante de darwinismo social y bastante poco de sentido común. La pretensión de que solo se incorporen al mercado laboral británico empleados con alta cualificación profesional y dominio del inglés alarma a los empresarios de sectores capitales de la economía y los servicios sociales, pone en entredicho la presunta voluntad de Boris Johnson de consumar un brexit con efectos dañinos limitados y anuncia una negociación borrascosa entre Londres y Bruselas de marzo a final de año.

Dicho sin recurrir a subterfugios: si ese será el tono y criterio de las propuestas que el Reino Unido hará a los Veintisiete, es harto improbable la posibilidad de llegar a acuerdos razonables. No solo por el fondo del asunto, impregnado de un populismo desbocado y de la praxis de Donald Trump en Estados Unidos, sino por el propósito del premier de aplicar la misma regla a migrantes no comunitarios y comunitarios.

Como resalta en el Reino Unido el frente europeísta, el plan del Gobierno es muy intervencionista, deja a criterio del Gobierno la admisión de trabajadores extranjeros y, más que recuperar soberanía excluye poco menos que por indeseables a los migrantes sin especialización laboral o poco especializados. Detrás de todo ello subyace la idea del Partido Conservador de que es preciso cambiar de modelo económico, pero nadie se atreve a pronosticar qué impacto que tendrán en aquellos sectores que requieren una contratación intensiva de mano de obra.