Preocupación es lo que siento cada día que pasa al observar la negligencia con la que actúa el Consell en una cuestión tan básica para la recuperación económica como la confección de los presupuestos. Si alzamos la vista y comprobamos el grado de ejecución de anteriores cuentas se puede concluir que existe una dejación absoluta que llevó a no aplicar el 50% de los fondos asignados en 2016.
Esa incapacidad para la gestión supone un freno al esfuerzo ciudadano por prosperar y que desde la Administración autonómica no se sabe acompañar. Baja el gasto social tres puntos respecto al último presupuesto del PP en la Generalitat y la única obsesión de Ximo Puig y Mónica Oltra ha sido aumentar la dotación para altos cargos y entidades de nueva creación que suponen, en la práctica, agencias de colocación de afines.
Incluso las subidas anunciadas por el Consell como las destinadas a la lucha contra la violencia de género proceden de aportaciones del Gobierno de España. En tres años han recibido 2.600 millones de euros más del Estado pero su utilización no ha supuesto un salto de calidad de la Comunitat. Más de 15.000 niños siguen estudiando en barracones y 30.000 personas dependientes están a la espera de ser evaluadas.
Es el Gobierno de España el que tira del carro en la Comunitat y moderniza sus infraestructuras. Una obra como el Corredor Mediterráneo está teniendo un fuerte impulso y Mariano Rajoy ya anunció dos mil millones de euros para la ejecución de esta actuación clave.
La obra de la variante de Benissa, las del puerto de Querol, la mejora de la línea Xàtiva-Alcoy o el acceso sur de Gandía, están en marcha y hay inversiones por valor de 553 millones de euros para comenzar otras como la ampliación de la V-30 o la prolongación de la A-7 hasta Tarrragona. Esta inversión estatal continuada da mayor visibilidad a la Comunitat y mejora las conexiones.
El Consell y algunos ayuntamientos gobernados por el tripartito no solo están abdicando de su responsabilidad de impulsar desde la esfera pública el crecimiento económico, sino que lo impiden. Desechar proyectos como Puerto Mediterráneo en Valencia, Ikea en Alicante o Alcoy Innova nos ha costado ya no crear 2.500 puestos de trabajo y renunciar a 32.500 millones de euros de inversión. Y ahora van a intentar paralizar la ampliación de la V-21 después de una década de estudios y tener ya consignación presupuestaria.
Este gobierno tripartito es un absoluto despropósito que tenemos que evitar entre todos. Nos jugamos la recuperación.
*Presidenta del Partido Popular de la Comunitat el Valenciana
