Desde que llegó a la Moncloa, Pedro Sánchez se propuso en primer lugar desinflamar la cuestión catalana para intentar normalizar las relaciones con la Generalitat de Cataluña tras la ruptura y el choque institucional producidos por la DUI y la consiguiente aplicación del artículo 155 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con apoyo socialista. La desinflamación ha funcionado, pese al acoso a que han sometido al Gobierno el PP y Cs, pero la normalización con las autoridades catalanas no se alcanza porque el Govern condiciona cualquier avance a la situación de los políticos presos y menosprecia cualquier otra concesión de Sánchez.

Mientras, Cataluña se ha convertido en el tema estrella de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, lo que no contribuye a destensar la situación ni a aprobar los Presupuestos del Estado, que los partidos independentistas se niegan a apoyar mientras el Gobierno no intervenga ante la fiscalía en favor de los presos independentistas, algo que no puede hacer. Así, la campaña andaluza se convierte en un campo de batalla con Cataluña en el centro, con unos partidos --PP y Cs-- acusando a Sánchez de estar en manos de los independentistas que, a su vez, le reprochan que se comporta igual que Rajoy.

Pero estas acusaciones cruzadas tienen el mérito para Sánchez de colocarlo en el centro, en una situación de equidistancia que es la que quiere mantener y la que puede reportarle beneficios electorales si, como parece tras su reconocimiento de que prorrogará los Presupuestos del PP si no logra apoyos suficientes, se ve obligado a llamar a las urnas antes de lo que preveía. El Gobierno considera que no ha llegado aún el momento de ofrecer a Cataluña soluciones audaces --la tercera fase, tras la desinflamación y la normalización-- y por eso no se esperan iniciativas relevantes en el pleno monográfico del Congreso sobre Cataluña, que se celebrará el 12 de diciembre.