Ante la sangría de despidos y vencimientos de contratos temporales que las empresas estaban llevando a cabo en las últimas semanas de emergencia, el Gobierno decidió ayer viernes detener en seco la hemorragia. El Consejo de Ministros dio luz verde a una prohibición transitoria del despido, siempre que este esté vinculado con causas derivadas del coronavirus. Así lo anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al cónclave. Las empresas no solo no podrán despedir durante la pandemia, sino que también tendrán la obligación de prorrogar aquellos contratos temporales que venzan durante la presente crisis sanitaria que azota al país. «El Gobierno no va a dejar a nadie atrás», declaró la ministra de Trabajo.
España emula tras dos semanas de confinamiento a Italia, que precisamente hace dos semanas que aprobó una moratoria de dos meses en los despidos. La decisión anunciada ayer por Díaz llega también tras la alerta que lanzaron un día antes CCOO y UGT, que cifraron en cerca de un millón de nuevos parados los generados o bien directamente por despidos o bien por vencimientos de contratos eventuales. La temporalidad en el mercado laboral español es muy elevada y afecta a algo más de uno de cada cuatro ocupados; lo que se traduce, según los últimos datos facilitados por el INE, en algo más de cuatro millones de trabajadores.
Pese a que Gobierno, patronales y sindicatos pactaron promover los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para capear la pandemia, el reguero de bajas entre los trabajadores con menor protección obligó ayer al Ejecutivo a cortar legislativamente esa vía. No obstante, los efectos de la nueva normativa no serán retroactivos y las compañías no tendrán la obligación de deshacer los despidos o contratos vencidos hasta hoy. El jueves de la semana que viene está previsto, como cada principio de mes, que el Ministerio de Trabajo haga públicos los datos de afiliados a la Seguridad Social y parados registrados en las oficinas del SEPE. Y las perspectivas a estas alturas no son buenas.
A falta del redactado final que materialice la medida hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no será considerado como objetivo ningún despido que esté justificado en base a una afectación derivada de la grave crisis que conlleva el covid-19. Lo que hace referencia tanto a los ceses individuales, como a los despidos colectivos. «No es necesario despedir a nadie en este país. Esto es un paréntesis», afirmó Díaz.
La medida adoptada por el Gobierno central no imposibilita el despido en todas sus formas, aunque sí lo restringe. Pues si bien los despidos objetivos argumentados por una afectación derivada del coronavirus sí quedan vetados, no se excluye la posibilidad de los despidos improcedentes. Es decir, la fórmula encarece la ecuación, pero no cierra completamente las vías para el cese. Pues para ello sería necesaria una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que precisaría de tiempos más dilatados.
RECHAZO PATRONAL/ Las medidas adoptadas por el Gobierno provocaron el rechazo de la patronal, que ve en ellas un impedimento para asentar «las bases de la necesaria recuperación económica de España» y considera que «llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo». Así lo manifestaron CEOE y Cepyme en un comunicado que emitieron de forma conjunta. Las entidades patronales se vieron señalados por la medida que publica hoy el BOE y rechazaron «de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado».
Y ante la crítica de las patronales, el aplauso de los sindicatos. «Nadie puede aprovecharse de esta situación para despedir porque los agentes sociales acordamos medidas para que las empresas no utilicen esta fórmula durante esta crisis. Los ERTE son la alternativa a los despidos y las empresas deben apostar por esta cuestión», manifestaron CCOO y UGT en un comunicado conjunto. No obstante, también recordaron que todavía hay colectivos que están excluidos de las medidas excepcionales habilitadas por el Gobierno central ante la crisis del coronavirus y urgieron a aprobar cuanto antes ayudas para las trabajadoras del hogar, las cuidadoras y los parados sin derecho a prestación.
ERTES AUTOMÁTICOS/ El Gobierno ha ido cerrando sendas y con las medidas de ayer le mostró a las empresas que los ERTE son el camino. Para agilizar dichos procesos y dar salida a los más de 270.000 expedientes que están realizando las empresas por toda España, el Gobierno dispuso ayer que la autoridad laboral autorizará automáticamente todos aquellos expedientes que acrediten causa de fuerza mayor. Desde el Ejecutivo consideran que las medidas excepcionales adoptadas, como eximir a las empresas de entre el 75% y el 100% de las cotizaciones, son suficientes para que las compañías capeen la parálisis económica .
Será la Inspección de Trabajo, a posteriori, la que revisará si los expedientes se ajustan o no a la legalidad. En caso de que no lo hicieran, las empresas deberán retornar el importe de las cotizaciones sociales de las que les eximió excepcionalmente. Además de retornar las prestaciones consumidas por los trabajadores.
