Esta semana vuelve a visualizarse en la calle el enorme malestar de la comunidad educativa con la política en esta materia de los gobiernos central y autonómico. Profesores, estudiantes y familias empiezan varios días de movilizaciones que tendrán su punto álgido con la huelga convocada mañana para protestar contra la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE o ley Wert) y los recortes decididos por el ejecutivo de Mariano Rajoy.
El malestar viene de lejos, pero se ha visto elevado hasta la ebullición por la ley Wert, que salió adelante tan solo gracias al rodillo parlamentario del PP en el Congreso (lo que contrasta con la LEC, que fue aprobada en el 2009 con los votos del PSOE, ERC y CiU). Las medidas lingüísticas y educativas recogidas en la enésima reforma del sistema educativo de la democracia generan una extraña unanimidad: el rechazo de todo el mundo menos el PP. Y ese es uno de los problemas endémicos del sistema educativo español: la incapacidad de las fuerzas políticas para consensuar un gran pacto de Estado que blinde las aulas de los vaivenes políticos y de intereses ideológicos contrapuestos que impiden dotar de estabilidad al sistema. Hace poco, la encuesta PIAAC de la OCDE mostraba las consecuencias de hacer de las aulas un campo de batalla.
