El comercio de armas es, junto al de seres humanos y el de narcóticos, uno de los más lucrativos del mundo. Lo que lo distingue de los otros dos, que son a todas luces ilegales, es su vertiente legal. Fabricar armas no está prohibido, y venderlas, tampoco, siempre que el comercio se realice dentro de unos acuerdos legales de compraventa y cuente con la licencia de los gobiernos respectivos. Sin embargo, la violencia armada, los conflictos y las guerras consumen tal cantidad de armas que generan un negocio en la sombra altamente productivo en manos de los traficantes de la muerte. La entrada en vigor mañana del Tratado de Comercio de Armas tiene como objetivo impulsar un código de conducta internacional para impedir que los fabricantes vendan armamento convencional a Estados que puedan utilizarlo después para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de los derechos humanos.
Los impulsores del tratado reconocen que el texto no es la panacea. Tiene varios puntos débiles. No incluye todas las armas convencionales. Pero su principal vulnerabilidad es que no contempla sanciones para los Estados que lo infrinjan. El tratado nació en la sociedad civil y deberá ser esta la que no baje la guardia ante Estados y traficantes desalmados.
