La política de deshielo y de gestos impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Cataluña ya tiene la primera concreción: en la comisión mixta Estado-Generalitat, el Gobierno central se ha comprometido a saldar en cuatro años 1.459 millones de recursos pendientes con Cataluña. Se trata del primer acuerdo de financiación al que han llegado las instituciones catalanas y el Estado en una década, lo que demuestra hasta qué punto las relaciones estaban rotas. Gesto que también espera la Comunitat Valenciana por lustros de infrafinanciación manifiesta.
Durante siete años las comisiones bilaterales Estado-Generalitat no se habían reunido. En la reunión del pasado agosto la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, anunció que se activarían todas las comisiones mixtas entre la Generalitat y el Gobierno que se prevén en el Estatut: financiación, infraestructuras, inversiones, traspasos de competencias pendientes y los recursos de inconstitucionalidad de leyes catalanas. Es en este contexto político en el que se celebró el martes la reunión entre representantes del Ministerio de Hacienda y el vicepresidente y conseller de Economia, Pere Aragonès. La primera remesa -200 millones por el primer concepto y 150 por el segundo- se incluirá en los Presupuestos del 2019, cuentas por cierto que el Gobierno está negociando y que requerirán del apoyo de los partidos independentistas catalanes para ser aprobadas. El acuerdo es el primer fruto de la estrategia del Gobierno de Sánchez de retomar la relación institucional en aquellos temas que puedan blindarse de las cuestiones de fondo del procés y gobernar hasta donde lo permita el marco constitucional y estatuario sin renunciar a las reivindicaciones políticas.
