Todos los ayuntamientos españoles, salvo los pendientes de impugnaciones, se han constituido, la mayoría mediante pactos cruzados que a menudo han modificado las expectativas de la noche electoral del 26-M. Pero así son las reglas del juego: no gobierna quien llega primero, sino quien consigue sumar una mayoría, aunque a los candidatos de las listas más votadas que son desplazadas no les guste.

Así ha ocurrido en ciudades como Barcelona, por ejemplo, donde Ada Colau seguirá como alcaldesa al haber alcanzado 21 votos tras un pacto con el PSC y al aceptar el apoyo de Manuel Valls que se lo ofreció sin contrapartidas para evitar un alcalde independentista en la capital catalana. Los otros tres concejales de Ciudadanos votaron en blanco. Tras un complejo proceso en el que ha habido presiones de todo tipo y descalificaciones contra Colau y Valls por la opción tomada, tan legítima como cualquier otra, toca ahora serenar los ánimos, y dedicarse a gobernar la ciudad con el mayor consenso posible.

En el conjunto de España, los pactos mejoran en mucho los resultados en el 26-M del PP, que se adjudica Madrid, donde José Luis Martínez-Almeida será el primer edil los próximos cuatros años, además de demarcaciones como Zaragoza, Málaga y Murcia, cuatro de las ocho ciudades más pobladas. Pero este avance se produce gracias a la alianza con la extrema derecha, algo insólito en los grandes países europeos. Ciudadanos, pese a las piruetas que hacen desde el partido para intentar ocultarlo, ha accedido también a pactar con Vox para obtener así la presencia en el mapa municipal de la que carecía hasta ahora. El caso de Cs es mucho más grave, pues ha facilitado alcaldías del PP y ha blanqueado a Vox al mismo tiempo que reforzaba a su rival con una política que consolida su giro a la derecha. Su estrategia de intentar desbancar al PP cerrándose a acuerdos con los socialistas y ofreciéndole mientras tanto cada vez más poder al PP de Pablo Casado es realmente incomprensible.

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, en Alicant, la unión de PP y Ciudadanos será insuficiente y necesitarán a Vox como apoyo exterior durante la legislatura, sin darle responsabilidades en el gobierno municipal. En València, el efecto Ribó ha jugado un papel decisivo para que Compromís revalidara la alcaldía y se repartirá las áreas de trabajo con el PSPV, puesto que Podemos no obtuvo los votos suficientes para tener algún concejal.

Y en lo que concierne a Castellón, todo ha resultado bien diferente a esa tónica general de buena parte de España porque en nuestra provincia la presencia de Vox es meramente testimonial. Aquí la mayoría de alcaldías son para PP y PSPV, ocupando los socialistas los municipios que tienen mayor número de habitantes. La capital sigue en manos del PSPV, aunque ahora muy reforzado. Marco necesitaba el respaldo de Compromís y Podem-CseM-EU y por eso reeditan un pacto como en los últimos cuatro años y que, visto el veredicto de las urnas, ha contado con el beneplácito de la mayoría de los castellonenses. En Vila-real, arrasó el socialista Benlloch, pero aun así da entrada a los podemitas, como hiciera en la anterior legislatura con Compromís, coalición que, al margen de Castelló, ahora solo tendrá influencia en los gobiernos de Burriana, Almassora, Betxí y Borriol, entre los más importantes. Ciudadanos, por su parte, ha jugado fuerte para tocar poder en Benicàssim, Orpesa y Castellnovo, demasiado poco para las ambiciones del partido naranja antes de concurrir a las elecciones. Y Podemos se queda en un partido residual, salvo en Vinaròs.