La entrada en las instituciones de la extrema derecha ha constatado el desprecio que siente esta gente por los que no piensan como ellos, agravado en el caso de las mujeres. La falta de educación y respeto a las mínimas normas democráticas de esta formación política que vive envuelta en la bandera roza el fascismo y recuerda a las tenebrosas épocas en blanco y negro de la dictadura franquista.
Hace unos días vivimos en el Congreso un episodio repugnante, uno más de los que protagonizan a diario estos individuos y que desconoce la ciudadanía. Debatíamos una propuesta del partido socialista para reformar el Código Penal y que se castigara como delito el acoso contra las mujeres que se está produciendo desde hace tiempo en los alrededores de las clínicas autorizadas a practicar abortos. Es un derecho recogido en nuestro sistema jurídico. Y como tal derecho debe respetarse y facilitar su uso con todas las garantías sanitarias, sociales y de privacidad. Intentar coaccionar a una mujer en la puerta de una clínica resulta intolerable, se mire como se mire, y constituye una agresión a su intimidad.
En el transcurso de ese debate parlamentario, y cuando se encontraba en la tribuna de oradores la diputada socialista, se escucharon voces de la bancada de la ultraderecha fascista llamándola «bruja». Eso es solo lo que se oyó, porque también se dijeron insultos como «borracha, loca, infanticida, cómplice de asesinatos...». Ese es el pan nuestro de cada día del comportamiento que tiene esta formación fascista en una institución tan importante como el Congreso, en el que reside la soberanía nacional. Y eso ocurre con la complicidad del principal partido de la oposición.
En Europa no se entendería nunca un comportamiento así, porque la derecha europea siempre ha puesto una línea roja. El fascismo no tiene cabida en las decisiones de gobierno de esos países, mientras que en España gobiernan con su apoyo en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos.
Esto no es un debate sobre aborto sí o aborto no. Es un debate sobre qué hacemos ante las amenazas y el acoso que sufren las mujeres cuando acuden a un centro sanitario.
Las y los socialistas defendemos el libre ejercicio de un derecho que tenemos las mujeres legalmente reconocido en España, como es la libertad a interrumpir voluntariamente el embarazo. Los derechos de las mujeres no se compran ni se venden. Por eso debe ser delito el acoso a las mujeres que quieren ejercer ese derecho. Son increpadas, insultadas, señaladas y acusadas por los que se dicen defensores de la vida y que después criminalizan a los menores extranjeros. ¿Por qué no van también a increpar a los hombres cuando acuden a una clínica para realizarse una vasectomía? No, solo lo hacen a las mujeres porque somos mujeres.
Abortar no es salir a dar un paseo, ni irse de fiesta. Abortar es una decisión difícil de tomar. Las mujeres que acuden a las clínicas para interrumpir su embarazo lo hacen preocupadas, porque en muchos casos se trata de situaciones personales y familiares que harían imposible disfrutar de la maternidad como una experiencia vital y gratificante. Por eso resulta aún más repugnante que sean insultadas y vejadas.
Nunca imaginé que lo ocurrido la semana pasada en el Congreso pudiera suceder, pero sucedió, esa es la realidad. Y una de las conclusiones que extraigo es que la derecha y la ultraderecha de este país resultan una estafa democrática, porque no se creen el sistema de derechos y libertades que tenemos.
Si defender los derechos y libertades de las mujeres es ser bruja, yo también soy bruja y me siento muy orgullosa de serlo. Y además, porque nací un 31 de octubre a las 22.30 horas. Somos las nietas de las brujas que nunca pudisteis quemar. Y aquí seguimos. Y aquí seguiremos.
Diputada PSOE por Castellón. Portavoz Adjunta GPS. Secretaria Ejecutiva contra la Violencia de Género
