Hablar de economía hoy es hablar inevitablemente de disciplina fiscal y de políticas que impulsen el crecimiento, que necesariamente se han de acompañar de reformas estructurales.
En el Pleno de la Diputación de la semana pasada, PSOE y Compromís se negaron a reducir el recargo provincial al Impuesto de Actividades Económicas que cobra la Diputación a las cerca de 4.000 empresas castellonenses que facturan --facturar no son ganancias-- más de un millón de euros.
El diputado socialista Agustí recordó la Curva de Laffer, esa que relaciona los ingresos fiscales con los tipos impositivos y que viene a decir que no necesariamente el Estado recaudará más cuando mayores sean los impuestos; ya que una mayor presión fiscal comportará una disminución de incentivos para el consumo. Por el contrario una política tributaria muy laxa provoca que los ingresos fiscales se acerquen a cero. O sea, que si yo le cobro mucho por lo que consume, usted dejará de consumir, pero si no le cobro nada, seré yo el que dejaré de recaudar para poder prestar servicios básicos. El término medio no lo marca ser de derechas o de izquierdas, sino el sentido común.
Mantener impuestos altos en época en que nuestras empresas están padeciendo una merma en su competitividad debido a que la escalada de precios de los costes energéticos puede acabar redundando en facturaciones negativas que acaban incidiendo en pérdidas de empleo. Tan sencillo como eso.
Por su parte el diputado de Compromís, el Sr. García, a quien cada vez que oye hablar de impuestos, se le ponen los pelos como escarpias, todavía no ha entendido lo que es un «precio político», que no es sino un precio fijado por el Gobierno con la intención de favorecer a las personas, sin tener en cuenta la situación del mercado. Estos precios afectan generalmente a productos o servicios básicos como el de la electricidad. Por eso calificábamos de «precio político» la parte del precio que afecta a los impuestos que dependen del Gobierno.
Cuando los prejuicios ideológicos priman sobre el sentido común, acaban pasando estas cosas: no le bajas los impuestos a las empresas para que mantengan o generen más empleo y no le bajas los impuestos a las personas para que puedan consumir un producto básico de forma accesible. No es neokeynesianismo, es simplemente izquierdismo carpetovetónico en vena.
Por eso cuando PSOE y Compromís oyen hablar de la revolución fiscal que propone el presidente del PPCV, Carlos Mazón, se quedan como si hubieran sufrido un shock anafiláctico. El problema es que lo que propone Carlos Mazón, es lo mismo que está aplicando Isabel Díaz Ayuso en Madrid, con un éxito incontestable. Mazón propone bajar los impuestos a las rentas más bajas hasta el tope máximo permitido, consiguiendo que las rentas inferiores a los 15.000 € ahorren hasta un 31% de lo que pagan hasta ahora con Puig y Oltra en el Consell.
España es el país con la mayor tasa de paro de Europa y la Comunitat Valenciana supera en más de un punto esa tasa con un 16,7%. Somos la economía que más cayó en 2020 y la que peor se está recuperando en 2021, tras salir a la luz la realidad y no las medallas de oro que se ponía Sánchez.
En cambio hay una Comunidad como Madrid, cuya apuesta por la libertad económica y los bajos impuestos, está consiguiendo duplicar el ritmo de crecimiento español, en el rebote poscovid. Mientras en septiembre en Madrid se han creado 7.500 empleos, en España se han destruido 124.000; 6.606 en la Comunitat Valenciana.
Las políticas de impuestos bajos reactivan la economía, lo que permite recaudar más impuestos paradójicamente al haber mayor número de personas tributando y mayor número de personas trabajando.
Y eso deja en evidencia el fracaso de las políticas socialistas y populistas, tanto de Ximo Puig y Oltra, como de Sánchez y sus socios Frankenstein. Por eso es necesaria la revolución fiscal de Carlos Mazón.
Portavoz del PP en la Diputación
